Libertad de prescripción, libertad de curación.

Decía Karl Popper, filósofo de cabecera de un Ministro de Sanidad de la era Aznar, que la libertad es el valor absoluto y los demás pasan a un segundo término. Semejante ideario parece ahora abandonado por sus herederos políticos visto el anuncio del Gobierno gallego de limitar el catalogo de medicamentos financiados para ahorrar 9 millones de euros mensuales. Obviamente la cifra es importante, en especial con la crisis en la que vivimos instalados, pero no a costa de sacrificar aquel valor.  

Esas tentaciones no son nuevas. Hace diez años publiqué en otras páginas una tribuna titulada “La receta electrónica o el Leviathan”, en la cual criticaba el sesgo con el que se anunciaba lo que al cabo de unos años se convirtió en una realidad distinta. El cambio de la receta de papel y bolígrafo al documento informático era una necesidad acorde a los tiempos en que vivimos. Pero aquella iniciativa originalmente se inspiraba en el tabú del denominado “insoportable fraude médico”.

La creencia de que existe una alianza de intereses entre la clase médica y la industria farmacéutica para saquear las arcas públicas sonaba a confabulación judeo-masónica que alimentaba la desconfianza. Y si en el año 2000 se anunciaba una drástica reducción del vademécum disponible a los médicos del Servicio Gallego de Salud con el objetivo de limitar su libertad de prescripción, afortunadamente la receta electrónica que luego surgió con el Decreto 206/2008 desterró esa pretensión.

Pero he aquí que ahora se retoma aquella primigenia idea aprovechando las herramientas informáticas instaladas, esgrimiendo razones de eficiencia en lugar de aquellas otras más perversas, pero con el mismo objetivo de limitar el catálogo de medicamentos que pueden dispensados en las oficinas de farmacia. Tal medida se topa con resistencias de índole legal, pero sobre todo con una idea nuclear en el credo político del partido gobernante en Galicia: la libertad del individuo.   

En cuanto a las objeciones legales convendría recordar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que ante una iniciativa similar en Valencia la anuló porque excedía el límite establecido por la Ley del Medicamento para la sustitución de fármacos. Algunos gestores, aunque no se identifiquen con ideologías nacionalistas, actúan como si fueran “barones en su baronía” al modo de un estado confederal, ignorando que el Sistema Nacional de Salud es uno no la suma de diecisiete.

Esa huida hacia delante con la crisis como excusa ignora que aunque la financiación sea autonómica la prestación sanitaria obedece a una ordenación estatal común para garantizar la  igualdad y la equidad. Queda así en evidencia la medida que se pretende adoptar, pues aunque quiera hacerse de la necesidad virtud, sustituir un fármaco de marca por otro genérico más barato sólo es posible de acuerdo a un sistema de precios de referencia que a su vez salvaguarda el derecho de competencia.

Pero resulta que en Galicia no han sido suficientes las medidas de ajuste del Real Decreto Ley 4/2010, que incluyen una importante reducción de los precios de los genéricos con bajada incluida de los márgenes de las farmacias, pues el catálogo gallego excluye a todos los medicamentos de precio superior al de referencia, con lo cual no se da opción a adquirir uno más caro aunque el paciente quiera abonar la diferencia. A nuestros abuelos esto les recordará a la cartilla de racionamiento.

En definitiva, esta medida ignora que la libertad de prescripción es una garantía para el paciente. Sin embargo, la prescripción orientada la compromete gravemente porque la bioequivalencia de dos fármacos es un dato estadístico y cada uno reacciona de acuerdo a sus circunstancias personales. Al final resulta que algunos que presumen de liberales confunden las teorías de Popper con las arengas de un dictador bolivariano contra el capital, haciéndonos creer que libertad y licencia son lo mismo.