El Tribunal Constitucional y la idea de Justicia

Es evidente que el acento puesto por los medios de prensa sobre el perfil, conservador o progresista, de los magistrados del Tribunal Constitucional, acrecienta la sensación de que las tesis que respectivamente defienden los bloques que lo conforman no están orientada por determinadas sensibilidades jurídicas, sino por el débito al partido que los proponen.

El daño que a esa percepción producen determinadas afirmaciones a priori de políticos que parecían conocer, antes de las deliberaciones, el resultado final de una votación del Pleno del Constitucional, hace pensar que la independencia de los magistrados es más una pose que una realidad, salvo una excepción que confirma la regla: la del magistrado "progresista" Manuel Aragón.

En puridad el Constitucional no es un Tribunal de Justicia sino político, pero eso no quiere decir que su composición sea la traslación de una mayoría parlamentaria, sino la representación de una pluralidad ideológica, cuya confrontación en el debate jurídico sobre el alcance de los Derechos fundamentales nunca debe ser objeto de una lectura política sino jurídica.

Sin embargo, el contexto social y mediático en el que se enmarcan las actuaciones de este Tribunal vicia de antemano sus resoluciones, por la trascendencia política que tildan a las mismas y por, en el caso Bildu, el limitado tiempo de que dispusieron para la deliberación y fallo. Con presión externa y sin sosiego interno es imposible dictar una resolución políticamente aséptica y jurídicamente meditada.

Por eso, y aun cuando no cabe comparar el Tribunal Constitucional con los tribunales de justicia ordinaria, la intrumentalización que se hace de aquél para avalar determinadas decisiones políticas daña por extensión la idea de Justicia, hasta cambiar en el imaginario colectivo la representación alegórica de una mujer con los ojos vendados, por otra con ellos desvendados haciendo un guiño cómplice.