Tribunales a la gresca

Los desencuentros entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional vienen siendo  sonados de un tiempo a esta parte, lo que propicia el desconcierto entre los diversos operadores jurídicos, por desconocer qué doctrina será la definitivamente aplicable en cuestiones de gran transcendencia social.

 

Bien es cierto que la interpretación del Derecho admite matices, diferencias sutiles, que cuando se trata del encaje de la legalidad ordinaria en el texto constitucional exige una laboral de fina orfebrería. Pero finalmente lo que nos encontramos es una intervención “cortar por lo sano” que no enriquece sino que anula la doctrina del Supremo.

 

El último episodio de esa reciente historia de enfrentamientos lo propiciará la que se ya se denomina sentencia “Atuxa”, que en mentideros de la prensa de tribunales se anuncia como una nuevo revolcón al Tribunal Supremo, pues echará por tierra su esfuerzo doctrinal para encontrar un equilibrio entre el uso y abuso de la acción popular.

 

Se cuenta así que el Tribunal Constitucional tiene preparado un borrador de sentencia que pretende evitar que cuando la acción penal sea sostenida únicamente por un tercero, y no por el directo perjudicado o el fiscal, no cabrá la posibilidad de perseguir cualquier delito, incluso aquellos que afectan a intereses generales, como el de corrupción.

 

De prosperar esa tesis supondrá que aquellos delitos cometidos por políticos y funcionarios quedarán al albur de Ministerio Fiscal, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, y que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, como Francia e Italia, en España es la guardia pretoriana de la acción Gobierno en esta materia.

 

Con lo cual, o se modifica el estatuto del Ministerio Fiscal y se le dota de independencia o la doctrina que se anuncia supondrá la creación de un nuevo espacio para la impunidad, y una pérdida de legitimación de la ciudadanía para acusar a los corruptos. Pero lo peor es el espectáculo desconcertante de tan lamentable desencuentro.