El copago judicial

En la vida política son frecuentes las cortinas de humo. Maniobras de distracción para entretener a la concurrencia en juegos malabares, mientras entre bambalinas se pergeña el engaño. Ya lo hacían en la Roma imperial con el circo.

Y así ocurre en la España de hoy, que mientras deshojan la margarita del copago en sanidad, de puntillas aparece el ministro Gallardón sacándose de la manga, y a nosotros del bolsillo, una tasa judicial universal para grabar el derecho de defensa.

Si ahora se pagaba 50 euros por un recurso de apelación (que se devolvía si se estimaba) el incremento se multiplica por seis, alcanzando incluso a la jurisdicción de lo social, de modo que si un trabajador quiere recurrir una sentencia tiene que apoquinar 300 euros.

Y como determinados organismos gozan de eso que se llama el beneficio de pobreza, por ejemplo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues resulta que ni ese dinero se recuperará en caso de ganar el recurso.

Pero no sólo si recurrimos, pues incluso por entablar una demanda, por ejemplo contra la Administración, habrá que ingresar 350 euros, cantidades que se pueden incrementar en función de la cuantía del pleito.

Y ya si recurrimos la sentencia la broma se pone en 800 euros, es decir, más incluso que las cantidades que los magistrados imponen generalmente en concepto de costas (600 euros). Con lo cual el precio del servicio público supera al del privado, lo nunca visto.

Ya me imagino que el poco gallardo Ministro no me lee. Pero si alguien lo ve que le diga esto: no se puede mercantilizar la justicia, pues es lo mismo que privar de ella a quien menos recursos tiene.