El auto del Juez Aláez y los opinantes inopinados
Publicada el: 1 de septiembre de 2013
Tras conocerse el auto del Juez Aláez que abre la imputación por el desgraciado accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, desde un medio periodístico que pretende erigirse en voz oficial de los gallegos, sus dos señeros opinantes de cabecera, que se alternan día a día para opinar sobre la actualidad, se han puesto de acuerdo para criticar en sendas y consecutivas tribunas la decisión judicial de imputar a los responsables de seguridad de Adif.
Llama la atención semejante coincidencia, que no es la primera vez que detecto en asuntos de calado mediático e interés político, haciendo coincidir sus conclusiones aun con planteamientos diversos. No voy siquiera a cuestionar su independencia, o insinuar la mano negra de un editor subvencionado por el poder, pero no me dirán que no llama la atención semejante coincidencia de opiniones. No obstante, aun dando por buenas sus intenciones, doy por malos, muy malos, sus planteamientos.
Y no quiero con ello salirme de las fronteras del Derecho para hacer incursiones siempre arriesgadas en argumentos de oportunidad política, económica o social. Pero es que en la responsabilidad penal no sólo hay que atender al criterio de imputación según el cual quien comete una imprudencia por acción (circular a demasiada velocidad) es responsable del daño que causa, sino a las circunstancias que sin ser delito pueden atenuar esa responsabilidad (un mal diseño de la infraestructura, por ejemplo).
Es más, con la responsabilidad penal confluye otra que se denomina responsabilidad civil “ex delito”, de modo que la condena a la pena conlleva el pago de la indemnización reparadora del daño causado, y ahí es clave determinar todas las causas del accidente y sus concretos responsables, es decir, no sólo Renfe, en cuanto empleadora del maquinista imputado, sino también, en su caso, Adif dueña de una vía carente de los sistemas de seguridad que podrían haber evitado la tragedia.
Lógicamente una eventual condena a Adif puede tener consecuencias políticas de gran calado, pero eso al jurista no debe importarle ni tampoco condicionarle, pues lo importante es que se haga justicia en el caso concreto contemplando todas las variables posibles en aras de la verdad. Pero cuando determinados opinantes pretenden lo contrario porque ya tienen su chivo expiatorio, o ignoran palmariamente el Derecho o conocen demasiado bien los resortes de la política.