Odriazola, punto y aparte.

No voy a cometer la osadía de comentar una sentencia de la que apenas tengo referencias indirectas, pero bastan para realizar un breve análisis crítico de eso que se llama el peregrinaje judicial a través de los insondables caminos de los diferentes órdenes jurisdiccionales.

 

En nuestro sistema judicial existe la querencia a criminalizar las imprudencias, particularmente las profesionales, y así no son extrañas las imputaciones de delitos a arquitectos, aparejadores y médicos. Cuando se producen heridos y no digamos fallecidos en la construcción y la sanidad lo fácil es que haya una querella.

 

No obstante, desde esa primera imputación formal del delito hasta que se dicta una sentencia pasan años, y no dos o tres sino el doble. Aquel primer acto procesal, muchas veces impulsivo y con ánimo vindicativo, es el primero de un rosario de comparecencias judiciales y diligencias que suman al cabo del tiempo cientos sino miles de folios.

 

Luego tras una larga y tediosa instrucción judicial, y pasada la fase intermedia o de imputación material, se llega al juicio ya con aquellos funestos hechos iniciales difuminados en la memoria, con versiones contradictorias de los testigos, con pruebas periciales antagónicas y con abogados haciéndose jirones en las togas.

 

Entretanto los damnificados y los acusados sufren en sus carnes, unos la impaciencia en la demora por el resarcimiento económico que no llega, y otros el deshonor por sufrir la pena del banquillo, y finalmente el juez ante la polarización del debate sobre pruebas discrepantes no le queda otra que aplicar el principio “in dubio pro reo” y absolver.

 

Por eso, la hipertrofia de la vía penal por la costumbre de criminalizar las imprudencias profesionales es una característica de nuestro sistema judicial que sólo beneficia a abogados sin cintura para alcanzar acuerdos negociados. Creen que el miedo a la condena propicia la rendición cuando en realidad enroca las posturas.

 

Seguiremos durante largo tiempo oyendo y leyendo sobre el caso Odriazola, encajado en un callejón cuya única salida es la jurisdicción civil, adonde terminará abocado por quienes no supieron preverlo, y ahora claman contra una sentencia para ocultar sus propios errores mientras anuncian recursos. Lo dicho, punto y aparte.