Quid pro quo

Esta expresión latina que originalmente se refería al error de confundir dos términos similares, se usaba figurativamente para indicar un error conceptual, o la confusión de una persona por otra semejante. En la cultura anglosajona quid pro quo se toma para referirse a un intercambio de favores. La expresión que más propiamente refleja ese sentido es do ut des (doy para que des).

No es infrecuente que las instituciones profesionales se vean compelidas a renunciar a su control sobre la calidad de los servicios públicos con el fin de obtener el favor de las Administraciones. El mantenimiento de un determinado establishment económico y social puede más que el riesgo a expresar con libertad e independencia de criterio opiniones discrepantes con la acción  política.

En los últimos años los colegios de médicos han estado ha merced de los vaivenes acometidos en su legislación sectorial, instalada en la ambigüedad que caprichosamente utilizaba una Administración que utilizaba la técnica del palo y la zanahoria para conseguir que los colegios se moviesen en la dirección que le interesaba, con la amenaza de fomentar la descolegiación.

Con el fin de ganar sus favores la Consellería de Sanidade del actual gobierno aceptó la petición de imponer la obligación de estar colegiados a los médicos en Galicia. Y ello a sabiendas que la Ley 25/2009 reserva esa competencia al legislador estatal. Pero había que tener contentos a los Colegios y agradecidos hacia una Administración que les permite seguir recaudando enormes ingresos (unos 6 millones de euros anuales).

El “quid pro quo” ha sido la complacencia de los cuatro colegios de médicos de Galicia con su medida estrella, recientemente estrellada: el catálogo priorizado de medicamentos que reduce la oferta de tratamientos farmacológicos a los pacientes gallegos. Ni una sola crítica o reparo, todo han sido loas y piropos, sólo les faltó aupar sobre sus hombros a la conselleira y sacarla por la puerta grande de sus colegios.

Ahí tienen la relación entre la norma que exige la colegiación obligatoria y la que crea el susodicho catálogo. Y para estrechar aún más las coincidencias ambas han sido suspendidas recientemente por el Tribunal Constitucional. El gozo de los Colegios ahora está en el pozo de su falta de previsión. Mientras tanto el Ministerio de Economía y Hacienda apuesta ya por la colegiación voluntaria.