Los “sin papeles” de la medicina

La figura del inmigrante ilegal, es decir, sin permiso de residencia, o dicho en lenguaje de la calle, “sin papeles”, cobra una nueva dimensión con la existencia de extranjeros que son convertidos en empleados públicos sin reunir los requisitos establecidos para su nombramiento, y que, en el caso de los médicos, se trata del titulo de especialista expedido u homologado por el Ministerio de Educación.

 

Pues bien, el Colegio de Médicos de Pontevedra viene ahora a airear un secreto a voces, que en Galicia ejercen en los centros de salud y en los hospitales del Sergas médicos sin título oficial homologado. Es más, hace dos años el Consejo Gallego de Colegios de Médicos silenció la denuncia de una médico de Pontevedra por la contratación de cuatro ginecólogos en Ourense sin serlo.

 

Ante la indolencia de la institución colegial esa médico, ella sí ginecóloga con título oficial español, tuvo que acudir a los juzgados, y a través de Eugenio Moure abogados obtuvo el año pasado una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº. 1 de Ourense que le dio la razón, anulando esos nombramientos por incurrir en el vicio administrativo conocido como desviación de poder.

 

Pero lo más llamativo de esta historia es la respuesta del Sergas a la denuncia colegial  de que se trata de un problema burocrático, como dando a entender que es la simple falta de un sello oficial en algún papel. La ignorancia de los gestores públicos en directamente proporcional a su osadía. Burocracia significa poder de los funcionarios, no rutina o papeleo como se da a entender.

 

Desde los primeros estudios de Max Weber sobre el concepto de burocracia hasta los más recientes de Burnham y Galbraith se evidencia por los estudiosos en la materia el excesivo poder en la sociedad actual de los tecnoburocratas. Pero si para Weber era una virtud en base a los altos conocimientos de unos probos empleados públicos seleccionados objetivamente, en los tiempos actuales se torna en un defecto.

 

La razón es que quienes ahora toman decisiones burocráticas no son funcionarios públicos, por no exigirse ese requisito para acceder al cargo de Director General, y pronto tampoco para el de Subdirector General, de acuerdo con la reforma que se plantea en la ley de función pública de Galicia. Afines al partido gobernante se colocan así a dedo en esos puestos sin una mínima experiencia en la gestión pública.

 

Pero ya no es una cuestión de preparación técnica sino de un mínimo respeto por la legalidad, al confundir poder con impunidad. Pueden dictar resoluciones ilegales –como esos nombramientos de médicos “sin papeles”-, pero no disponen de una patente de corso para eludir la acción de la justicia. Si el Colegio de Pontevedra es coherente con la denuncia que acuda al juzgado, pues eso se llama prevaricación.