El Gobierno advierte de que es "ilegal" exigir llevar seis meses censado para operarse

PAULA PÉREZ - SANTIAGO El Ministerio de Sanidad advirtió ayer de que es "ilegal" exigir a los pacientes de fuera de Galicia seis meses de empadronamiento en un concello gallego para acceder a la sanidad pública o ser operado. Según el departamento que dirige Leire Pajín, la orden aprobada en septiembre por el Gobierno autonómico infringe tanto la Ley de Extranjería, que garantiza que los extranjeros inscritos en el padrón tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles" sin necesidad de que lleven censados en el país un mínimo de días y que también incumple la Ley de Cohesión Sanitaria, que asegura que todos los españoles cuentan con protección de salud aunque se encuentren desplazados en una comunidad distinta de la que residen.
Por esta razón, el Ejecutivo central reclama al gabinete de Pilar Farjas que "rectifique y elimine cualquier traba al acceso a los servicios sanitarios de los ciudadanos residentes en Galicia".
Con esta petición coinciden PSdeG-PSOE y BNG que también han pedido la retirada de esta medida, mientras que desde el Foro Galego da Inmigración y la Plataforma Galega en Defensa da Sanidade Pública advirtieron ayer que actuarán contra las restricciones introducidas por el Sergas en el acceso a la atención sanitaria.
La sanidad española garantiza la atención a cualquier ciudadano en caso de urgencia, enfermedad grave o accidente. Sin embargo, para recibir una asistencia sanitaria continuada y tener asignado, por lo tanto, un médico de cabecera, se requería hasta ahora como único requisito estar inscrito en el padrón del municipio de residencia. La Consellería de Sanidade, sin embargo, aprobó en septiembre una orden en la que introduce como novedad la exigencia de que el paciente debe llevar seis meses empadronado en un concello gallego. Antes de ese tiempo no disfrutará de tarjeta sanitaria y, por lo tanto, solo podrá ser atendido en urgencias, con la única excepción de los menores o las mujeres embarazadas que sí recibirán una atención completa.
Este nuevo requisito podría dejar fuera del sistema de salud a inmigrantes, emigrantes retornados o vecinos censados en otras comunidades que residan o se encuentren de viaje en Galicia.
Con posterioridad a la publicación de esta orden, Sanidade decidió modificar a través del proyecto de Presupuestos de Galicia para 2012 la Lei de Saúde con el objetivo de incorporar este cambio al texto legal. Para justificar la reforma, la Xunta alegó que se habían detectado "numerosos casos de asegurados de otros países que se inscribían en un padrón municipal español y, sin embargo, residían en otro Estado. De esta manera, intentaban beneficiarse de los servicios sanitarios gallegos cuando en sus lugares de residencia las listas de espera son más largas o simplemente no tenían acceso a determinadas prestaciones sanitarias. "Esta situación incide negativamente en el normal funcionamiento de los servicios públicos de salud", argumentan en el proyecto de Presupuestos, donde advierten que los "fraudes son numerosos".
No obstante, los propios servicios jurídicos del Gobierno gallego ya habían advertido que la redacción del nuevo articulado de la Lei de Saúde podía dar lugar a confusión y que podía "llevar a que sea discutido por el Estado", si bien solo mostraron reticencias con la forma en la que estaba escrito, no con el contenido de la nueva norma.
Este contenido es el que, según el Ministerio de Sanidad, entra en colisión con el artículo 12 de la Ley de Extranjería y con los artículos 3 y 4 de la Ley de Cohesión Sanitaria.
El portavoz socialista de Sanidade en el Parlamento gallego, Modesto Pose, cree que la Consellería de Sanidade no era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad cuando aprobó las restricciones al acceso sanitario de los ciudadanos de fuera de Galicia. "Simplemente no se entera", apunta.
Por su parte, el BNG ha presentado en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley para exigir la retirada de esta medida. "Ellos hacen una interpretación de la ley, para respaldar esto, que no tiene por donde agarrarse", asegura la parlamentaria nacionalista Ana Luisa Bouza.
Aunque los emigrantes retornados no mostraron oposición a la exigencia de seis meses de padrón, el Foro da Inmigración considera que la situación es "muy grave".