Una sentencia condena a dos directivos de Ferroatlántica por vaciar un embalse

Cuatro años después de la muerte de "no menos de 15.000" peces, sobre todo truchas y bogas, en el embalse de A Fervenza, situado entre los concellos coruñeses de Dumbría, Mazaricos y Santa Comba, la Justicia ha dictaminado que dos directivos de Ferroatlántica son culpables de un delito medioambiental y de daños por el "vaciado total" de la presa, por lo que ambos cargos y la empresa propiedad de Juan Miguel Villar Mir, como "responsable civil directo", deben pagar 305.954 euros en concepto de indemnización.
Aparte, los dos directivos en cuestión, Román L. C. y José Luis G., han sido condenados por el juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña a afrontar el pago de dos multas, de seis y cinco meses, a razón de 24 euros a día cada una, además de a cinco meses de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer tareas directivas en sistemas de explotación eléctricos. No obstante, inicialmente el fiscal pedía por estos hechos una condena de más de dos años de cárcel para cada uno de los imputados. Luego rebajó las penas a las recogidas en la sentencia tras un acuerdo entre las acusaciones –la Xunta entre ellas– y las defensas.
El magistrado da como "hechos probados" que durante los días anteriores al 10 de noviembre de 2007, y "al menos" desde el 24 de septiembre de ese mismo año, cuando el agua embalsada del Xallas suponía menos del 20% de ocupación del embalse, los acusados –director de explotación del sistema eléctrico de la División de Energía de Ferroatlántica y consejero delegado de la empresa, respectivamente– "contraviniendo" "en interés" de la empresa varias normativas provocaron "de manera consciente" y "con la finalidad de maximizar la explotación del aprovechamiento hidráulico para la producción de electricidad" el "vaciado total" del embalse A Fervenza.
Para el juez, este vaciado produjo, además de la mortandad de fauna piscícola, "una acumulación de lodos y la necesaria interrupción del caudal biológico entre la presa de A Fervenza y el embalse y la presa de Ponte Olveira".
Gracias a este vaciado, argumenta el magistrado en su sentencia, Ferroatlántica S.L. "obtuvo un aprovechamiento eléctrico cuya cuantificación exacta no ha sido determinada". Y es que, alega el juez, las consecuencias ambientales de los hechos no solo pueden medirse por el valor estimado de las especies extinguidas, "notoriamente superior a 80 mil euros", señala, "sino también por el resto de las afectaciones ambientales y el valor de las actividades lúdicas, recreativas, que se hubieran impedido".
En todo caso, el juez ha fijado en 305.954,33 euros la cantidad en la que estima "el valor de reparación del equilibrio ecológico perturbado" y la realización de actividades directamente relacionadas con el entorno del embalse. De esta indemnización, 265.954,33 euros corresponden a la Xunta de Galicia, como titular del bien jurídico. Este dinero debe ser utilizado, indica la sentencia, para la "regeneración" del ecosistema afectado. Además, se establecen 20.000 euros para el Salmo Club por los perjuicios ocasionados a su actividad –incluidas las costas de la acusación particular– y una cantidad similar para la Federación Gallega de Pesca por las mismas razones.
Durante la instrucción de la causa, que llevó el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Corcubión, también estuvieron imputados al principio dos cargos de Augas de Galicia, su entonces director general y el director de Proyectos y Programas de la Entidad.
La Administración autonómica, entonces en manos del bipartito, impuso en 2008 una sanción de 600.000 euros a la empresa de Villar Mir, la mayor multa impuesta hasta entonces en Galicia por un daño ecológico, aunque en aquel momento el empresario anunció que la recurriría.