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La Cámara insta a la Xunta a mediar para que los bancos abonen las preferentes

Publicada el: 11 de febrero de 2012

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Cien mil gallegos han invertido más de mil millones de euros de sus ahorros en participaciones preferentes,un producto que en muchos casos se vendió como si fueran depósitos a largo plazo cuando es un tipo de deuda que emiten las entidades financieras sin fecha de vencimiento, entre otros perjuicios. En defensa de los perjudicados, que llevan meses manifetándose en Galicia, salió ayer el Parlamento autonómico que pide a la Xunta que medie ante los bancos, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que "promover una solución que permita la recuperación íntegra del capital invertido".
 

La iniciativa partió del PSdeG, que centraba su demanda en Novagalicia Banco por entender que la mayoría de los afectados son clientes de las antiguas cajas gallegas, pero fue transaccionada con el PPdeG, que extendió la propuesta a los perjudicados de cualquier entidad y que en un principio solo pedía "dar solución a la demanda de liquidez" de los suscriptores de este producto. El PSOE exigió que la demanda tiene que ser la devolución "total", pues hay entidades que ofrecen la recuperación de la inversión pero con pérdidas de hasta el 60% en algunos casos o garantizan liquidez con la firma de créditos a interés al cero por ciento.
El BNG acordó abstenerse en la votación por entender que exime de "responsabilidades a la Xunta, cuando ésta tiene competencias en materia de protección de consumidores". El diputado nacionalista Carlos Aymerich recordó que por ejemplo Baleares sancionó al BBVA por el empleo de cláusulas abusivas en las hipotecas. El PSdeG también entiende que se debe "explorar" esa vía.
El parlamentario del PP Alberto Sueiro negó competencias de la Xunta para actuar, pero defendió que el Gobierno de Feijóo debe ser "proactivo" ante "la mala práctica bancaria" . Las críticas a las entidades financieras fueron generalizadas. Aymerich denunció que los clientes fueron "estafados" y Caride puso el acento en que los perjudicados son sobre todo personas mayores sin formación que no entendían lo que estaban firmando.

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