OMC y CESM cuestionan la legalidad de integrar a médicos titulares y de cupo

La estatutarización forzosa de los médicos titulares y de cupo y zona que establece el Real Decreto 16/2012 (ha cogido por sorpresa a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Sindicato Médico, que cuestionan la legalidad de una medida que califican de "arbitraria y unilateral". CESM ya ha manifestado su intención de presentar una queja al Defensor del Pueblo, e incluso estudia la posibilidad de elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma gubernamental, porque, como recuerda su secretario general, Patricio Martínez, "se modifican por decreto las condiciones laborales y retributivas de muchos médicos sin la preceptiva negociación".

Antonio Fernández Pro, vocal nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la OMC, ha solicitado informes jurídicos "para ver hasta qué punto la medida es legal", y convocará un grupo de trabajo urgente en el seno de la corporación para "evaluar posibles respuestas".Aunque Martínez y Fernández Pro coinciden en que es difícil evaluar el número exacto de facultativos afectados por el decreto del Gobierno -"porque muchos se han ido integrando paulatina y voluntariamente en sus servicios de salud", matiza el vocal de la OMC-, estiman que podría rondar los 10.000. Según Fernández Pro, en la última convocatoria de titulares, en 1983, hubo unos 7.000 (entre médicos, enfermeros y matronas), mientras que el grueso de cupo y zona se concentra en Cataluña y Andalucía, además de presencias más testimoniales en autonomías como Asturias, Cantabria y las dos Castillas.

"La redacción del Estatuto Marco, que costó muchos quebraderos de cabeza en este punto en concreto, dejaba la integración a criterio del profesional, y ahora lo hacen por decreto, con fecha fija [el 31 de diciembre de 2012] y sin consultar con los afectados. Es un claro atropello", denuncia Martínez. En la misma línea, Fernández Pro habla de "indefensión absoluta de unos profesionales que somos funcionarios del Estado, y a los que ahora pretenden cambiar sus condiciones con un criterio poco claro y que no parece lógico". El vocal de la OMC añade que la medida no supondrá un ahorro significativo para la Administración, "como no sea en el capítulo de jubilaciones, porque ahora podemos hacerlo con 60 años, a diferencia de lo que sucede con los estatutarios".

Cataluña, la más afectada
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) es el que agrupa mayor volumen de médicos de cupo y zona, algo que ha impedido hasta ahora acabar la reforma de la atención primaria de la comunidad autónoma. El Gobierno tripartito, siendo consejera Marina Geli, intentó integrarlos forzosamente en 2005 con un decreto muy controvertido, ya que afectaba al 30 por ciento de los efectivos de la asistencia primaria que, mayoritariamente, trabajan en el área metropolitana y en Barcelona ciudad y tenían a su cargo a más de un millón de personas. Sindicatos de médicos y enfermeras presentaron diversos recursos contra la medida ante el Tribunal Superior de Justicia catalán, que decretó en mayo de 2006 su suspensión cautelar. El ICS recurrió sin éxito la decisión con la voluntad de mantener un único modelo de ejercicio profesional de seis horas, ya que consideraba que garantiza la mejor calidad asistencial.

El sindicato Médicos de Cataluña hizo pública ayer su indignación por la integración "a golpe de decreto" decidida por el Gobierno central, y también por lo que, a su juicio, implica "hacer desaparecer" a los APD. La central autonómica también calificó de "atentado jurídico" la decisión, "ya que modifica unilateralmente las condiciones laborales y profesionales de estos dos colectivos médicos y deja sin efectos la voluntariedad de integración regulada hasta ahora en el Estatuto Marco". El sindicato catalán también teme que este decreto sea la punta del iceberg de "una situación de inseguridad jurídica, que podría extenderse y afectar a cualquier puesto de trabajo de la Administración pública, en el contexto de los recortes".