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La CIG denuncia que los gastos del arbitraje de las preferentes "recaigan en la ciudadanía" y "beneficie" a la banca

Publicada el: 14 de septiembre de 2012

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La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado que los gastos originados por el arbitraje de las preferentes "recaigan en la ciudadanía", al tiempo que ha acusado a la Xunta de designar a "altos cargos y amigos afines" como árbitros de dichos trámites que "cobran 20 euros por laudo emitido en concepto de productividad".

En este sentido, el sindicato nacionalista ha achacado al Gobierno gallego que ni los "becarios ni el resto de funcionarios" que trabajan en la tramitación de estos expedientes "cobran plus de productividad", un concepto reservado a los 23 árbitros entre los que, según informa en un comunicado la CIG, "hay altos cargos de la Xunta y amigos y afines".

Por otro lado, la central nacionalista califica de "inadmisible" que el coste de estos procedimientos, cifrados actualmente en 16.000, se pague con "dinero público" cuando, a su juicio, "se debería imputar a las entidades que estafaron a los particulares".

Así, la CIG denuncia que el "descalabro de las preferentes" continúa reportando beneficios "para Caixanova, Caixa Galicia, Bankia" y también para "familiares de Feijóo".

Según el sindicato, el presidente autonómico "contrató a la empresa privada Eulen --de la que su hermana es apoderada--" para después, "vista la publicidad negativa que le estaba reportando", trasladar este contrato a Aider-Serviguide, en la que trabajan "familiares de algún conselleiro y de personal de confianza de la Xunta".

"Para gestionar los expedientes, la Xunta utiliza una aplicación facilitada por el propio banco, donde figuran todos los datos, y es la entidad bancaria quien cita a los reclamados", ha señalado la CIG, que ha añadido que "la conveniencia es total" entre Novagalicia Banco y la Xunta.

Asimismo, la CIG ha asegurado que existe una "orden clara" que hace que "toda cosa que no sea relacionada con las preferentes quedará en el cajón" de la Oficina de Consumo, lo que provocará que a reclamaciones en otras materias "no se le va a dar salida en mucho tiempo, por lo menos mientras se esté en período electoral"

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