Democracia Ourensana se plantea impugnar el acuerdo regulador para empleados municipales

El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Concello de Ourense y del Consello Municipal de Deportes, aprobado en el pleno de diciembre de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este mismo mes, podría ser impugnado por el grupo municipal de Democracia Ourensana al advertir la edil Susana Gómez de la intención de trasladar el acuerdo a la Subdelegación del Gobierno ante los reparos realizados por el interventor, que aludía a su supuesta ilegalidad.

Será precisamente el acuerdo regulador del Concello el asunto que se abordará en la Mesa de Negociación que se reúne hoy, y en la que estará presente la concejala no electa de Personal, Carmen Rodríguez, y los representantes de los sindicatos que forman parte de la junta de personal.

El aviso de Susana Gómez no dejaba lugar a dudas en el sentido de que no votarían un acuerdo con reparos del interventor, a la vez que advertía al gobierno socialista y al grupo del BNG -ambos apoyaron el acuerdo-, que "miren bien lo que votan", y reiterar que el documento "no cumple la legislación vigente", una cuestión que será objeto de análisis en la mesa de negociación y en la que al menos un sindicato, en este caso CSIF, también cuestiona el acuerdo y no lo suscribió en su momento.

Con este panorama, y después del informe de impugnación del abogado del Estado en el Juzgado Contencioso Administrativo por los contratos realizados por el concello y que vulnerarían el real decreto del Gobierno central de reposición cero de personal en las administraciones, las críticas hacia la edil no electa de Personal se han convertido en algo habitual.

Así, en la reunión que celebró la mesa de negociación el pasado jueves, 14 de febrero, en la que se tenía previsto abordar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello, así como la segunda actividad y la oferta de empleo, nada se concretó, con lo que para los representantes sindicales -como el de USO, Julio Domínguez, que a su vez es el presidente de la junta de personal, y la CSIF-, que denunciaron ante la Subdelegación del Gobierno las contrataciones, revela el grado de "incompetencia" de Carmen Rodríguez, que sigue contando con el apoyo del alcalde, Agustín Fernández, que rechazó la petición que realizaron para que la cesara.

Consideran que es especialmente revelador que por parte de la edil no electa de Personal "no se nos facilite ningún tipo de información", reprocha Julio Domínguez, sobre todo en los que se refiere al "famoso estudio" organizativo del Concello de Ourense, y que tuvo un coste económico de 18.000 euros según los datos que tiene, y que es el segundo que se realiza por parte del gobierno municipal.

Asistencias técnicas

Otra de las cuestiones que preocupa, y que es objeto de denuncia por parte de la CSIF, son las contrataciones de asistencias técnicas que de forma reiterada realiza la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y que sostienen que tiene como objetivo "meter en el concello a sus amigos por la puerta de atrás y queden como personal fijo".

Así, José Manuel Rodríguez señala que el proceso está claro, a pesar de las advertencias, vía reparos, que de forma reiterada hace el interventor, y es que el personal de esas asistencias técnicas "ocupen despachos en dependencias municipales y utilicen los medios materiales, con lo que pueden reclamar vía judicial y les dan la razón", indicó.

También señalan como otra supuesta ilegalidad, "una más", asegura el presidente de la junta de personal, y que fue denunciada por la CIG, la que formen parte de los tribunales de valoración personal interino, cuando el Estatuto Básico del Empleado Público (EBAP) deja claro en su artículo 60 que deben ser funcionarios.

Sobre esta cuestión, tanto la CIG como CSIF anuncian su intención de darle traslado a esta "ilegalidad" a la Subdelegación del Gobierno, sin descartar la vía judicial, por considerar que se debe poner orden en la política de personal en el concello.