Farjas retirará a las autonomías las competencias de ahorro farmacéutico con las que impulsó el catálogo gallego

El Ministerio de Sanidade, donde la exconselleira Pilar Farjas es la secretaria General de Sanidad, retirará a las autonomías competencias en política farmacéutica, de tal modo que no puedan impulsar medidas de ahorro que "produzcan diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos" a los ciudadanos en función del territorio en que vivan. Es decir, desde el Ministerio en que Pilar Farjas es alto cargo se prohibirán iniciativas autonómicas como el catálogo de fármacos que ella impulsó siendo conselleira para ahorrar en Galicia cien millones de euros al año, y lo hace con los mismos argumentos que entonces el Gobierno de Zapatero utilizó para recurrir el catálogo ante el TC. "No puede haber ciudadanos de primera y segunda en función de la comunidad en que residen", alegaba Leire Pajín. Con Pilar Farjas al frente, la Consellería de Sanidade puso en marcha la pasada legislatura su polémico catálogo priorizado de medicamentos por el que el Sergas solo financiaba los fármacos de menor precio de un listado de grupos terapéuticos. La medida la defendió la conselleira contra viento y marea frente al Gobierno central, que consideraba que invadía las competencias del Estado y que dejaba en inferioridad de condiciones la prestación farmacológica que recibían los gallegos. El catálogo gallego quedó superado posteriormente por la decisión del Gobierno central de realizar todas las prescripciones por principio activo. Pero antes el TC suspendió su apliación y luego levantó esta suspensión, pero no aún no dictó sentencia sobre su constitucionalidad. Pero esto fue en 2011. Y con el paso de Pilar Farjas al Ministerio de Sanidad, donde ocupa la Secretaría General de Sanidad y Consumo, también cambiaron sus criterios. Porque ahora el departamento en el que ejerce Pilar Farjas quiere que el Estado asuma de facto en exclusiva las competencias para aprobar medidas de ahorro farmacéutico y prohibir que las comunidades autónomas desarrollen sus propios programas de racionalización del gasto que puedan suponer diferencias con otros territorios. De prosperar esta iniciativa, la Xunta nunca podría sacar adelante su catálogo priorizado de medicamentos ni Andalucía realizar subastas de fármacos para abaratar su coste ni Madrid o Cataluña plantear el cobro de un euro por receta, cuatro iniciativas que además están recurridas ante el Constitucional. En su tránsito de la administración autonómica a la central, el giro en las posiciones de Pilar Farjas ha sido total. Ha pasado de encabezar la defensa de las medidas autonómicas para ahorrar en gasto farmacéutico, aunque chocaran con el Gobierno central, a situarse en un ministerio que pretende cercenar cualquier iniciativa en este campo que salga de un gobierno regional. Los cambios que ahora se plantean se harán a través de la tramitación de la ley de farmacovigilancia -ya en el Congreso-, donde el Partido Popular ha aprovechado para, por la vía de enmiendas, modificar también la conocida como ley del medicamento. En una de las enmiendas se recoge que las decisiones que tomen las comunidades no podrán producir "diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud" y en otra se establece que las medidas "serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios". El portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, destaca que la pretensión es garantizar que la coordinación de la política farmacéutica quede en manos del ministerio. "Así se garantizará también que todos los españoles tienen acceso a los mismos medicamentos", asegura el diputado.