Las quitas disparan la tensión de los afectados, que pronostican un aluvión de denuncias

Por muchos que fueran los miedos acumulados en estos tres últimos meses, desde que el FROB lanzó una primera media con las quitas previstas para los híbridos de Novagalicia, la notificación oficial de los descuentos individualizados llegó ayer a los afectados como el enésimo golpe y la incontable también causa para poner sus nervios al límite de resistencia. "O nos llevan a la cárcel y que nos alimenten allí, o cierra el banco. Eso no puede ser. No. No. No", clamaba ayer José Manuel Estévez, portavoz de la plataforma en Vigo y Val Miñor, durante la protesta que protagonizaron un centenar de tenedores frente a la sede central de la entidad. Él, como el resto de líderes de las agrupaciones que desde hace año y medio luchan por la recuperación del 100% de los ahorros, lo tienen muy claro. Que lo que se avecina es el camino judicial "con una avalancha de denuncias".

José, otro de los afectados, acaba de llegar del arbitraje. Y como muchos advierte que no abandonará las concentraciones "hasta que no quede nadie sin su dinero". La solidaridad marca, sin duda, el espíritu de las plataformas, que pasarán a la historia por el elevado número de mayores que suman. A una de ellas José intenta explicarle con la ayuda del gráfico que FARO publicó con los descuentos que tampoco se librará de ellos. Pero le cuesta entenderlo. A su lado, una tercera afectada, cuenta cómo parte del dinero que recuperó ante Consumo irá a la demanda judicial para lograr el reintegro de "lo que estos estafadores me metieron en subordinadas". En ese momento, un cliente del banco pregunta por dónde se entra. "Lo que me faltaba", ironiza. Y evidentemente no contesta.

La asamblea que la plataforma de Vigo y Val Miñor celebró a última hora de la tarde sirvió, ante todo, para dos objetivos. El de llamar a la calma y analizar todas las opciones que tiene por delante el colectivo. "Que no desesperemos, que salgamos a gritar y protestar, porque vamos a recuperar el dinero", apunta Estévez, convencido de que el sistema judicial "va a quedar bloqueado durante dos años con nuestras demandas". Él es el primero que dio la bienvenida a que el arbitraje se amplíe a 36.000 afectados, pero recuerda que "la otra mitad" tiene "los mismos derechos".

"Que se dejen de tonterías. La gente está muy indignada y ahora se indigna más -sostiene Argimiro Martínez, de O Rosal-. Aquí no tiene que haber quita para nadie. Que se la metan a Castellano, a González-Bueno o a Gayoso y Méndez". El freno a las protestas no entra en sus planes. En ninguna de las agrupaciones que representan a los ahorradores atrapados. Todas con la rabia de que no hay nadie que les lleve la contraria, "pero después dicen una y hacen otra cosa", como apunta Diana Pérez, de Ourense. Allí se repetían los actos de reclamación. Como en Pontevedra o Santiago, donde lanzaron críticas contra el regidor, Ángel Currás, durante el pleno extraordinario para debatir su situación. "Solo quieren los votos", criticó Xesús Domínguez.

En Lugo, la Policía Nacional acabó dispersando una concentración frente al Edificio Administrativo de la Xunta en la capital por falta de permiso. Y en A Coruña, la plataforma cortó el tráfico en San Andrés, justo delante de la sede social del banco.

La complicada situación en la que quedan los más de 39.000 afectados fuera del arbitraje supone un quebradero de cabeza para el Ejecutivo gallego, que incluso públicamente pide a Novagalicia un "replanteamiento". "El banco debiera replantearse que, efectivamente, los casos con entidad de razón deberían resolverse a través del arbitraje, y seguiremos velando para que la vía del arbitraje se la solución en esos casos", asegura el conselleiro de Economía.

Pero el proceso tiene los días contados en la aceptación y las semanas para celebración de las vistas. La intención de la Xunta, según Francisco Conde, pasa por "seguir colaborando" en la "vía alternativa" de los tribunales para "agilizar los procesos". "Seguimos defendiendo -añade el conselleiro- que el 100% de las personas que sufrieron una mala comercialización puedan recuperar el 100%".