Adif recurrirá el auto en el que el juez imputa a sus tres últimos presidentes

Adif recurrirá el auto de instrucción del magistrado Luis Aláez en el que, además de imputar a los cinco responsables de seguridad de la empresa pública con nombres y apellidos, anuncia que también llamará a declarar, "en calidad de imputados", a los tres últimos presidentes de la compañía -Gonzalo Ferre, Enrique Verdeguer y Antonio González Marín- y a "todos" los vocales de su consejo de administración, así como a los cargos responsables de seguridad ferroviaria, desde el 11 de diciembre de 2011. Esa fue la fecha de entrada en servicio de la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro en el que fallecieron 79 personas el pasado 24 de julio. Fuentes de Adif aseguran que sus servicios jurídicos están trabajando ya para recurrir "todo" el auto, pero aseguran que ejercitar este derecho no es incompatible con su disposición a "colaborar" con las peticiones del magistrado. Si Adif facilitó ya al juez Aláez, en respuesta a un auto anterior, un listado de los cargos de la empresa y sus "capacitaciones", en esta ocasión también darán cumplimiento "inmediato" a la demanda del instructor del accidente, que solicita que facilite la identidad, "a fin de poderles recibir declaración en calidad de imputados", "de todas las personas que han sido presidentes y vocales" del consejo de administración de la compañía desde que se abrió la línea hasta la fecha de la tragedia, así como de quienes desempeñaron los cargos de director de Seguridad en la Circulación, gerente del área de Seguridad en la Circulación Noroeste y jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad, aparte de los inspectores. Adif estima que serán "en torno a 30" los cargos y responsables del ente a los que atañe el auto. Entre ellos están dos sindicalistas -de UGT y CC OO- como vocales del consejo de administración, y el presidente de Renfe-Operadora, Julio Gómez-Pomar, también en esta faceta. Hasta ahora Renfe se había librado de las imputaciones, pese a que Baltasar Garzón, abogado de una de las víctimas, pidió a Aláez que imputase a su "responsable de seguridad".