El juez reprocha a Adif que no reforzó en Angrois la seguridad pese a no tener un ´elevado coste´

El juez Luis Aláez reprocha a Adif haber cambiado el sistema de seguridad en la curva de Angrois, en Santiago, donde el pasado 24 de julio fallecieron 79 personas, a uno con menos prestaciones y que "conllevaba una evidente pérdida de seguridad en la circulación" "sin exigir adicionamiento alguno que reforzase la seguridad", algo que además "podía hacerse, y parece que sin un elevado coste", y que además se hizo posteriormente. Para el magistro que instruye la causa del siniestro, Adif "primó otros intereses no clarificados", como acortar el tiempo de viaje entre Santiago y Ourense, frente al objetivo máximo que es garantizar la seguridad de los viajeros. Así lo expone en el auto en que cita a declarar como imputados a partir del 9 de octubre y hasta el 11 de diciembre a 22 cargos de Adif. Entre los imputados figuran los tres últimos presidentes de esta compañía pública. Estas nuevas imputaciones se suman a los primeros cinco cargos del ente imputados y que ya prestaron declaración ante el magistrado. La citación se produce después de que Adif le remitiese el pasado día 20 la lista con las identificaciones que el magistrado había reclamado, y que inicialmente se resistió a enviar. Los nuevos imputados de Adif son el director de Seguridad en la Circulación, el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, el jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación-Noroeste e inspectores de esta jefatura desde que se inauguró el tramo en el que tuvo lugar el siniestro. Asimismo, deberán comparecer ante el juez los vocales del Consejo de Administración desde la inauguración del tramo y los tres últimos presidentes de Adif, entre ellos el actual. En el auto, y después de que el fiscal del caso sostuviese que no eran necesarias más imputaciones entre responsables de Adif a mayores de las cinco iniciales, el magistrado vuelve a argumentar el por qué de las imputaciones. Para Luis Aláez, "pese al deber normativo de garantizar la seguridad en la circulación sobre cualquier otro objetivo del sistema ferroviario", en el accidente de Santiago "se han dejado primar otros intereses no clarificados" y apunta como posibles "acortar el tiempo de viaje entre Ourense y Santiago, compatibilizar el sistema de protección o ayuda con el que ya se explotaba en el enclavamiento de Santiago o cualquiera otros que se pudieran sospechar". El juez que llega a considerar "indebida e ilegal" la decisión de cambiar el sistema de seguridad ERTMS (que hubiese frenado el tren al exceder la velocidad máxima permitida en la curva de Angrois) por el ASFA (que en el tramo del siniestro habría frenado solo si se superaban los 200 km/h pero no pasados los 80 km/h máximos de la curva y el conductor rebasó los 190 km/h pero no alcanzó los 200) considera además "una grave falta de diligencia" que tras la modificación "no se exigiera ni se adoptase ninguna medida de seguridad adicional, debiendo y pudiendo hacerlo, según la normativa en vigor y la tecnología disponible, para intentar paliar ese evidente déficit de seguridad" en un tramo "especialmente comprometido para la circulación". Añade además que el refuerzo "podía hacerse, y parece que sin un elevado coste", tal como se hizo tras el siniestro.Y extiende la acusación no solo a quién decidió no reforzar la seguridad sino también a los responsables que le sucedieron y "no corrigieron" el supuesto error. El diseño del tramo del siniestro prevía inicialmente el sistema de seguridad más moderno y pensado para la alta velocidad, el ERTMS, pero se mudó aún gobiernando Rodríguez Zapatero, al ASFA, al calificar el tramo como un tramo de transición hacia la red convencional.