Miles de propietarios de pisos que están exentos del IBI pagan la tasa

Es una de las escasas excepciones que favorecen a las familias ante el pago del tributo de gestión municipal que aporta más fondos a los ayuntamientos: el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Pero son muy pocos los que conocen y ejercen, en consecuencia, el derecho a una exención que únicamente se aplica si lo solicita el propietario de la vivienda que cumple los requisitos. El Real Decreto 2/2004 incluye entre los inmuebles exentos de pagar el IBI los que están situados en conjuntos históricos «que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años». En esa tesitura se encuentran miles de propiedades que se encuentran dentro de los cascos antiguos de las ciudades y villas de Galicia, aunque solo una pequeña parte de sus dueños lo saben. En A Coruña, por ejemplo, solo 150 han presentado la solicitud correspondiente ante el Concello a lo largo de los últimos dos años, a pesar de que el censo de inmuebles del casco histórico de la ciudad que cumplen los requisitos ronda las 4.900 viviendas. A la mayoría de ellas, por tanto, el Ayuntamiento coruñés les pasa a cobro puntualmente el recibo anual de la contribución urbana. Esta situación se reproduce en el resto de los centros históricos, con un número de propietarios exentos de pagar el tributo que puede superar con holgura los diez mil. Primera fuente de recaudación Aunque el problema no es solo de desconocimiento de la norma (la misma, por cierto, que exime del abono del IBI a los inmuebles que pertenecen a la Iglesia y al Estado, entre otros), sino también de la propia Administración local. Su aplicación es tan residual que la interpretación del real decreto provoca confusión en algunos ayuntamientos. El impuesto de bienes inmuebles se ha convertido en el motor de la recaudación de los municipios. En Galicia, los ingresos por el IBI han crecido más de un cuarenta por ciento desde el inicio de la crisis, lo que ha contribuido a compensar el desplome experimentado en la aportación del impuesto que grava las construcciones y obras (ICIO), que aporta a las arcas municipales un 65 % menos de lo que inyectaba en el 2006. En el 2012, que es el último ejercicio con la liquidación presupuestaria cerrada, las siete principales ciudades de la comunidad gallega recaudaron 227,33 millones de euros por el IBI, lo que supone un 13,7 % más que en el 2011 (199,89). Los mayores incrementos correspondieron a Vigo (que pasó de ingresar 53,7 millones por ese tributo en el 2011 a recaudar 62,5 en el 2012) y A Coruña (de 47,4 a 53,3 millones de euros en el mismo período)