La Xunta rechaza suspender el derribo de 2.000 casas sin licencia en terreno rústico

"Galicia no puede ser un solar". Bajo esta premisa, la Xunta da carpetazo a la demanda de regularización por parte de los propietarios de viviendas levantadas hace años en suelo rústico sin licencia municipal. Los dueños insisten en que sus casas, sobre las que ya pesa una orden de derribo, no son "ni villas ni caseríos" y que "han sido levantadas con los ahorros de muchos años de trabajo". Para tratar de evitar que las excavadoras tumben sus propiedades y les dejen en la calle, los afectados -unos 2.000 en Galicia, según estimaciones de los propietarios- reclaman al Ejecutivo autonómico que emule a la Junta de Andalucía, que anunció una ley para regularizar unas 250.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable o bien que paralice los expedientes urbanísticos hasta que sus respectivos ayuntamientos finalicen la tramitación de los planes de ordenación municipal (PXOM). "La práctica totalidad de las viviendas afectadas podrán ser regularizadas en los nuevos PXOM", alegan los propietarios.

Los afectados confiaban que la nova Lei do Solo, que en breve iniciará su debate en comisión parlamentaria, se hiciera eco de sus reclamaciones. Pero en la agenda de la Xunta no está ni recogerlo en la undécima reforma de la Lei do Solo, ni aprobar una ley como la andaluza, ni esperar a que los ayuntamientos finalicen sus planeamientos. "No podemos caer en la perversión de tratar igual al que cumple que al que no lo hace", argumenta la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarna Rivas.

Para la Xunta los derribos de edificaciones construidas en suelo rústico o en zonas de la costa no edificables son una "medida ejemplarizante", aunque es consciente del "drama familiar" que acarrea una demolición. "En estos momentos ya nadie cree que no pasa nada (si se construye al margen de la ley); aunque la actuación administrativa puede ser lenta, pero cada vez menos, el deber de reponer la legalidad es ineludible", sentencia Rivas.

Esta decisión de la Xunta contrasta con su propuesta para legalizar las canteras, minas y aserraderos de madera que están funcionando en la comunidad sin licencia en suelo rústico protegido. La única condiciones que les exigirá es que ya existieran antes del 1 de enero de 2003, fecha en la que entró en vigor la Lei do solo.

Los propietarios de viviendas amenazadas por la piqueta ya se han puesto a trabajar de manera coordinada para movilizarse contra las demoliciones de sus casas y sopesan crear plataformas para hacerse eco de sus demandas ante la administración.

La única excepcionalidad que ha establecido la Xunta para la suspensión de derribos es para aquellas edificaciones con licencia de construcción. Es precisamente esta disposición adicional de la Lei de Vivenda la que fue impugnada por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) ante el Constitucional y cuyo recurso fue admitido a trámite hace dos semanas. Esta normativa permite frenar la demolición de viviendas y naves ilegales, aunque en su día contaran con licencia, mientras no se determina qué administración fue la responsable de conceder esa autorización anulada posteriormente, se fije la indemnización correspondiente en favor del propietario y se abone la misma. Mientras, el inquilino también podrá seguir ocupando el inmueble.

Desde la Xunta, esperan que finalmente el Constitucional avale la norma autonómica. "Para una persona que construyó con las autorizaciones que le requirieron, pensar que porque ese acto administrativo no se ha ajustado a derecho el perjudicado sea el particular, nadie sensatamente puede defenderlo", argumenta la secretaria xeral de Ordenación do Territorio.

De esa amnistía están excluidas las viviendas levantadas sin licencia en suelo no edificable. "En ese ejercicio de corresponsabilidad entre administraciones no parece razonable tratar igual una construcción amparada en un título municipal que una exenta", defienden desde la Consellería de Medio Ambiente en referencia a las viviendas levantadas en suelo rústico que carecen de licencia.

Otros de los asentamientos que serán regularizados tras la reforma de la Ley de Costas son los núcleos tradicionales en el litoral. Para la Xunta, este reforma de la normativa es para Galicia "una victoria sin precedentes" que responde a una "muy larga reivindicación". La ley permitirá legalizar los núcleos marineros tradicionales y salvar de la piqueta unas 12.500 viviendas que están ahora en zona de dominio público marítimo al rebajar de 100 a 20 metros la franja de protección desde el mar.