El Consejo de Estado cuestiona el copago de ambulancias que propone Sanidad

Si para poder cobrar a los pacientes un porcentaje de lo que cuesta el transporte sanitario no urgente es necesario idear y poner en marcha un sistema de gestión de los cobros, el ahorro previsto con la medida puede quedarse en agua de borrajas. Ese es uno de los argumentos que el Consejo de Estado aporta en un informe en el que cuestiona el sistema de copago en las ambulancias que propone el Ministerio de Sanidad.

El organismo consultivo invita al departamento que dirige Ana Mato a revisar el sistema de copago del transporte sanitario no urgente que había propuesto a las comunidades autónomas. El ministerio debe aclarar, según ese informe, por qué en la memoria económica que elaboró para el real decreto se prevén ahorros para la Administración y, sin embargo, no se analiza el impacto que el copago tendrá para los usuarios del transporte sanitario en los casos en los que este no esté motivado por ninguna urgencia. Sanidad estima que la aplicación de este copago podría suponer un ahorro de 70 millones de euros, pero, como reconoce en la memoria económica, los ingresos que puede suponer la aportación del usuario «pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro».

Asimismo, el Consejo de Estado entiende que Sanidad debe dotar de «mayor eficiencia, eficacia y precisión» a todo el régimen de gestión del nuevo copago, especialmente en los puntos en los que se refiere a los criterios clínicos de racionalización del uso de las ambulancias y al sistema de aportación del usuario. Aunque son las comunidades autónomas las que deben determinar el modo en el que cobrarán el copago, el órgano consultivo entiende que el ministerio debería concretar más las fórmulas para hacerlo.

Otro de los peros que el Consejo de Estado ha detectado tras la lectura del real decreto que propone el Ministerio de Sanidad es que, a juicio de los consejeros, debe tenerse en cuenta que existen otros tipos de traslado, además del puntual y periódico que detalla el real decreto, que no tengan como destino u origen el domicilio del paciente, que puede, por ejemplo, haber fijado temporalmente su residencia en otro lugar. También se refiere el informe, que debe ahora ser analizado en Consejo de Ministros, a los criterios clínicos que se marcarán para la indicación de este transporte. Según el órgano consultivo estatal, los que se han incluido en la norma son «muy genéricos».

El real decreto que regulará el transporte sanitario no urgente figura entre las medidas de la reforma sanitaria que la ministra Ana Mato puso en marcha a partir de marzo del año 2012. En ese paquete de actuaciones se incluía el transporte sanitario no urgente en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, quedaba sujeta a un copago por parte de los usuarios.

Fue unos meses más tarde, a finales de aquel año, cuando Sanidad acordó con las comunidades que se pagaría un 10 % del coste del servicio, con una aportación máxima mensual de 10, 20 y 60 euros en función de la renta de cada ciudadano: 10 para rentas inferiores a 18.000 euros; 20 para quienes perciban entre 18.000 y 100.000 euros; y 60 para rentas superiores a esta última cantidad. Los pagos se rebajarían a 6, 12 y 60 euros, respectivamente, para los pacientes con tratamientos de larga duración. Precisamente los enfermos crónicos suponen un buen porcentaje de los usuarios de este tipo de transporte sanitario, entre ellos los pacientes oncológicos o los que se desplazan para recibir tratamientos como diálisis. En la actualidad, su transporte en ambulancia hasta los centros hospitalarios es gratuito.