Los agentes forestales pierden la potestad para denunciar en el juzgado

Denuncias sobre incendios forestales, infracciones urbanísticas en suelo no edificible o vertidos en ríos podrían quedarse en el camino y no ser investigadas. Ese es el temor de los agentes forestales (6.000 en España y 500 en Galicia) porque creen que con la nueva Ley de Montes del Gobierno central se les pone una "zancadilla" al ejercicio de sus funciones.

La nueva norma en la que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, que modifica la de 2003, prohíbe a los guardas forestales, acudir directamente a la fiscalía o a los juzgados como hasta ahora y les obliga a comunicar las denuncias de los posibles delitos contra la naturaleza a las Administraciones de las que dependen. En el caso de Galicia, a la Consellería de Medio Rural o a la de Medio Ambiente según el tipo de delito o infracción.

La Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia (Aprafoga) ve "contradictorio" que los gobiernos pongan "cortapisas" a quienes se encargan de vigilar la naturaleza, al mismo tiempo que los gobiernos hablan de poner en marcha herramientas para luchar contra los delitos relacionados con el medio ambiente. La reforma de la Ley de Montes del Gobierno central choca con el anuncio hecho por la Xunta el verano pasado sobre su intención de dar potestad a la Policía Autonómica para multar en el acto a personas que descubran cometiendo una infracción. Mientras a este grupo se le conceden más competencias, a los guardas forestales se le recortan porque si se aprueba la ley estatal tendrán que informar de todas sus actuaciones al Gobierno gallego.