Sanidade relanza el cuerpo de inspectores con más competencias para actuar de oficio

La Consellería de Sanidade ha dado un giro al servicio de inspección sanitaria de Galicia y lo ha convertido es una especie de policía -sus inspectores tienen la naturaleza de autoridad pública- con capacidad para acceder libremente sin previa notificación en cualquier centro o local del ámbito de sus competencias, incautar documentación o requisar equipos informáticos. Pero sobre todo, tendrán la facultad para actuar de oficio, de tal forma que podrán abrir una investigación a raíz de la presentación de una queja o incluso una denuncia anónima sobre el incumplimiento de la normativa sanitaria o de los derechos de la pacientes. Y es que los inspectores, a diferencia de como funcionaban desde su creación hasta ahora, actuarán con total autonomía e independencia.

El decreto con las nuevas regulaciones entró en vigor el pasado día 10 de mayo y actualiza el anterior, aprobado en 1992 y sin ninguna revisión desde entonces. Los inspectores, además de vigilar, controlar y auditar a los establecimientos sanitarios públicos y privados, también están autorizados a acceder a locales que no cuentan con autorización sanitaria pero en los que se sospeche que se puedan estar realizando actividades asistenciales o relacionadas con las prestaciones sanitarias. Por ejemplo, que en una peluquería se utilice un láser para tratamientos estéticos o que en un almacén se vendan productos farmacéuticos sin permiso.

El cambio en el funcionamiento del servicio de inspección con respecto al anterior es notable, ya que antes se centraba básicamente en controlar aspectos de gestión puramente administrativa, como órdenes de pago a farmacias o acreditaciones para operar como establecimiento sanitario. No iba mucho más allá. La capacidad de los inspectores estaba tan limitada que solo podían investigar por orden de una jefatura superior o ante la presentación de una denuncia formal.

Pero ahora se ha reforzado su condición de agentes de la autoridad. Los setenta inspectores con que cuenta el servicio actual podrán intervenir de oficio, tanto en centros privados como públicos, cuando tengan indicios de alguna irregularidad. Serán ellos los que decidan, según su criterio, cuando deban actuar. Y para ello, valdrá incluso un escrito anónimo siempre que presente elementos de fiabilidad y sin que ello perjudique los derechos de terceros. Por ejemplo, que alguien denuncie que una determinada clínica no le ofreció el consentimiento informado, que hay mala praxis o que se le recete un medicamento sin autorización.

Así, el decreto recoge entre las nuevas funciones "el estudio, el análisis y la valoración, así como la investigación y el informe, si procede, de las denuncias, quejas o reclamaciones formuladas por el usuario en materia de asistencia sanitaria que afecten a la calidad o a la seguridad de las prestaciones sanitarias o de los derechos reconocidos a las personas usuarias en la normativa vigente".

Entre los cometidos de los inspectores figura también el control de la fabricación y dispensación de ortoprótesis y otros productos realizados a medida de venta directa al público; la prestación de servicios sanitarios a domicilio; el transporte sanitario; la fabricación, distribución, custodia y dispensación de medicamentos; o cualquier actividad de promoción y publicidad referida a la asistencia sanitaria que realicen en los centros, servicios o establecimientos con difusión en la comunidad autónoma.

La actualización de la normativa responde a que la anterior, según argumente la Consellería de Sanidade en la exposición de motivos del decreto, no daba respuesta en la actualidad a las cuestiones prácticas que se exponen ante el propio servicio de inspección.