Miles de mediadores en busca desesperada de clientela

Curso de Experto en Mediación, una profesión en auge; Una oportunidad para incorporarse al mundo laboral,Profesión emergente… Son anuncios que inundan internet. Tras la publicación de la Ley 5/2012 de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, colegios profesionales (de abogados, de trabajadores sociales, de sicólogos, de notarios y criminólogos), escuelas, universidades, fundaciones y asociaciones varias se lanzaron a hacer cursos de formación de mediadores, en medio de grandes expectativas de que se produjera un boom de la mediación en España.

El resultado ha sido una auténtica burbuja de cursos (presenciales, online, de fin de semana, de 50 horas, 200, 300…) que han lanzado miles de mediadores a un mercado sin apenas demanda. A fecha de hoy, hay muchas instituciones dedicadas a la mediación y muchos profesionales acreditados (inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia y en las distintas asociaciones y colegios). El gran problema es que los clientes son muy pocos para tan enorme oferta. El esperado auge de la mediación no ha llegado ni se la espera.

La mediación sigue siendo una gran desconocida para los ciudadanos, que a la hora de solucionar un conflicto siguen percibiendo los tribunales como el camino a seguir. Hay una ley, muchos profesionales (mejor o peor formados), muchos centros de formación e instituciones de distinto tipo que ofrecen fórmulas de resolución de conflictos alternativas pero en España sigue sin calar la cultura de la mediación. “El problema es que se ha comenzado la casa por el tejado. Se ha hecho una ley de mediación porque Europa ha obligado a ello. Había que transponer la Directiva Europa de 2008”, explica Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediación (AMM).

No hay datos oficiales, pero en sector se apunta a ya que son varios miles los profesionales de la mediación inscritos en los distintos registros (Ministerio de Justicia, asociaciones de mediación, fundaciones y colegios profesionales) y más de un centenar las organizaciones especializadas en mediación que buscan clientela.

“La Administración no ha invertido en formar al ciudadano y concienciarle de las ventajas que supone la mediación”, explica Miguel Olías, socio de Ejustic, empresa dedicada a proporcionar soluciones informáticas para el sector jurídico y pionera en la mediación online, quien apunta que, al igual que la DGT hace anuncios para concienciar a la sociedad, “se tendría que haber echo acciones informativas y divulgativas para dar a conocer la medición”.

“Claramente estamos mejor que en 2012, cuando se hizo la ley. Pero se va muy poco a poco, con lentitud. Todavía queda un largo camino que recorrer” apunta Javier Garbayo, Director General de la Fundación Notarial SIGNUM, una institución impulsada por el Colegio de Notarios de Madrid para la resolución alternativa de conflictos. Hace un año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y esta institución suscribieron un convenio de colaboración para la regulación, desarrollo y funcionamiento de un programa de mediación intrajudicial en materia civil en los juzgados de Madrid. Desde entonces habrán realizado dos centenares de mediaciones, el 50% intrajudiciales.

El reparto del CGPJ

La fundación notarial SIGNUM y su acuerdo con el CGPJ levantaron algunas ampollas en el mundo de la abogacía, que veían en esta iniciativa cierto intrusismo por parte del sector notarial en el incipiente negocio de la mediación. “El notario tiene que tener un papel en el mundo de la mediación. Primero por esa parcialidad y neutralidad que le avalan y, en segundo lugar, porque cuenta con conocimientos legales que le ayudan a poder llevar la mediación, lo cual asegura un margen de seguridad”, defiende Garbayo.

Pero los notarios no son los únicos, además de los abogados, que quieren una parte del todavía exiguo pastel de la mediación. Psicólogos, trabajadores sociales e incluso criminólogos defienden sus cualidades para llevar a cabo una mediación profesional.Y, a través de organizaciones de distinto tipo, todos intentan entrar en la mediación intrajudicial, área que concentra la mayor parte del negocio. Sin embargo, de momento, sólo unos pocos lo han conseguido.

El CGPJ ha firmado convenios para implantar la mediación intrajudicial con los colegios de abogados de España, además de con la fundación de los notarios de Madrid. Aunque también hay algunas experiencias pilotos en las que ha incluido a colegios de psicólogos, fundaciones y asociaciones varias, universidades e incluso asociaciones de criminólogos. En marzo de este año, El Consejo General del Poder Judicial firmó un convenio con la Consejería de Gobernación y Justicia valenciana, la Fundación FAVIDE de Atención a Víctimas del Delito, la Universitat de Valencia, la Fiscalía Provincial, el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), el Colegio Oficial de Sicólogos y la Asociación Profesional de Criminólogos para el desarrollo de un proyecto piloto de mediación penal intrajudicial en la ciudad de Valencia.

También hay una experiencia piloto de medicación penal entre el CGPJ y dos mediadoras particulares en Alcalá de Henares: Susana Coco Gutiérrez y Montserrat Gómez Bermúdez. Sin embargo, muchas asociaciones y colegios profesionales de sicólogos o trabajo social se han quedado fuera del reparto del pastel de la mediación judicial.

“El Consejo del Poder Judicial está reduciendo la mediación intrajudicial prácticamente a los profesionales del derecho. Está excluyendo a los psicólogos y a otros profesionales preparados para llevar a cabo esta fórmula de resolución de conflictos”, explica Carmen Rodríguez, directora general de Espacios de Mediación, una firma especializada en resolver problemas de familia, quien considera que al no dar participación a todos los agentes se está limitando todo el potencial que tiene la mediación”.

“Los convenios alcanzados por el CGPJ han sido una buena iniciativa para comenzar a andar el camino. Pero tras la aprobación del decreto, en diciembre de 2013, y la creación del Registro de Mediadores, creo que ya no tiene sentido seguir con esta fórmula”, explica Ana Criado, quien considera que una vez se extingan estos acuerdos, deberían de ser los afectados, quienes pudieran elegir mediador libremente entre los profesionales e instituciones inscritos en el Registro de Mediadores.

“Está claro que el CGPJ tiene que repartir la actividad mediación a los distintos actores del mercado y no propiciar la creación de lobbys”, apunta Miguel Olías.

Apuesta al largo plazo

Aunque sea pasito a pasito, la mediación va tomando volumen y hay algunas instituciones que están apostando con fuerza por esta formula alternativa de resolución de conflictos, más allá de hacer dinero rápido con cursos de formación. “Algunas organizaciones están trabajando muy bien de cara al largo plazo, invirtiendo en formación y tecnología para gestionar con eficiencia e impulsando convenios de colaboración con las distintas administraciones públicas”, explica Olías, quien pone como ejemplo de hacer bien las cosas al Colegio de Abogados de Madrid. En febrero de 2013, el ICAM y el CGPJ suscribieron un convenio para fomentar la mediación intrajudicial en asuntos civiles. Pero además, el colegio presidido por Sonia Gumpert está apostado decididamente por impulsar la mediación extrajudicial, un área en la que la apuesta es a largo plazo.

Pero fuera de las mediaciones intrajudiciales, lo cierto es que el negocio es escaso y cuesta mucho hacer clientela. No hay datos a nivel nacional sobre las mediaciones fuera de los tribunales, aunque en el sector todos coinciden en que las cifras son todavía muy bajas. “Los mediadores que van como autónomos y no están integrados dentro de ninguna organización lo tienen difícil”, apunta el socio de Ejustic.

El número de mediaciones intrajudiciales familiares, penales y civiles efectuadas en España en 2013 creció un 30,6 % respecto al año anterior, al pasar de 2.364 a 3.089, según los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial. El número de asuntos que los jueces derivaron a la mediación durante 2013 se incrementó en un 54,5 %, al pasar de 6.356 a 9.821. En cuanto a la mediación penal, cuyo uso se está consolidando en la vía intrajudicial pese a no estar regulada, el incremento en el número de mediaciones efectuadas fue del 32,75 %, al pasar de 1.383 en 2012 a 1.836 el año pasado. Según los datos de CGPJ, son más de 250 los Juzgados españoles que derivan asuntos a la mediación familiar.

Sin embargo, este incremento del 30% de las mediaciones intrajudiciales parece escaso a muchos en el sector. “Hay jueces que todavía desconocen los beneficios de la mediación”, explica la presidenta de AMM, que estima que, al igual que a los ciudadanos, les falta una mayor concienciación.

Labor de concienciación

¿Pero cómo concienciar a la población de las ventajas de mediar en vez de ir a los tribunales? ¿Hacerla obligatoria en algunos casos como en Argentina? ¿Seguir el ejemplo británico? Reino Unido reformó su norma procesal civil en abril de 1999, con la entrada en vigor de las denominadas ‘Civil Procedures Rules 1998’, en la que se incluía la obligación para las partes, en la medida de lo posible, de llegar a un acuerdo sin hacer uso de los juzgados y tribunales. Esta normativa ha quitado gran carga de trabajo a los tribunales. De los casos civiles iniciados, sólo un 35% suelen terminar en juicio.

Lo cierto es que a fecha de hoy, ya sea por la falta de concienciación en la mediación de los jueces, de los ciudadanos, empresas o de los abogado, los juzgados de toda España siguen abarrotados de trabajo, incluso con el ‘tasazo judicial’ de Gallardón, que ha tenido una “incidencia nula” en la mediación, según aseguran en Signum. Sin duda, los datos actuales llaman a potenciar las fórmulas alternativas de resolución de conflictos fuera de los tribunales.

En España, como media, un procedimiento civil, en 2013, tuvo una duración de 7,6 meses, que se amplía en los asuntos objeto de recurso en segunda instancia. Y las resoluciones judiciales no suelen contentar al que pierde. De hecho, según el informe del CGPJ sobre la justicia en España en 2013, el número de reclamaciones de los ciudadanos relativas al funcionamiento de la justicia en nuestro país ha aumentado casi en un 3% (14.435), de las cuales casi un 70% son relativas al funcionamiento de Juzgados y Tribunales.

Ni que decir tiene que, además, la mediación es mucho más económica. Según el estudio del Parlamento Europeo en España el coste medio de la mediación es de 1.833 euros frente a los 8.015 que suele costar como media un juicio.