El Supremo de Canadá decidirá si reconoce el suidicio asistido

Ayer se celebró la vista oral tras la cual ha quedado visto para sentencia el proceso en el que el Tribunal Supremo de Canadá, con sede en Ottawa, decidirá si la normativa que actualmente impide el suicidio asistido es constitucional o no.

El pleito sigue en marcha a iniciativa de las familias de dos pacientes ya fallecidas: Kathleen Carter, que sufría de una enfermedad degenerativa de la columna y que acabó con su vida en una clínica suiza en 2010, y Gloria Taylor, que sufría esclerosis lateral amiotrófica y que solicitó permiso para poner fin a su vida, y falleció a causa de una infección en 2012, un año después de unirse al caso Taylor.

En juego está la interpretación de las secciones 7 y 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. La primera garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas y la segunda reconoce el derecho a la no discriminación, que las demandantes consideran que se incumple cuando alguien sufre, por enfermedad, una limitación física que le impide quitarse la vida, decisión que sí podría tomar la persona sana. En la actualidad la ayuda al suicidio es un delito que la normativa penal canadiense castiga con hasta catorce años de prisión. El primer médico en ser condenado bajo este régimen fue Maurice Généreux, quien en 1998 fue sentenciado a dos años de prisión y tres de libertad condicional por prescribir pastillas para dormir a dos enfermos de sida que sufrían depresión pero no un estadio terminal de la enfermedad. Uno de ellos sobrevivió y demandó al médico.

Existe un precedente de este proceso, pues en 1993 el Tribunal Supremo ya rechazó una petición análoga de una paciente de ELA, a quien un médico ayudó a morir menos de seis meses después de la sentencia.
En este nuevo proceso, la constitucionalidad del suicidio asistido fue reconocida en primera instancia, en 2012, y revocado por el Tribunal de Apelación de British Columbia en 2013. Peter MacKay, ministro de Justicia de Canadá, ha declarado públicamente que la posición de su Gobierno es mantener el veto a esta práctica y a la eutanasia "para proteger a todos, incluidos los más vulnerables de nuestra sociedad".