La Xunta empujará a las cámaras sin viabilidad a integrarse en otras solventes

Tras meses de diálogo con los representantes del sector y del empresariado, la Xunta pondrá hoy sobre la mesa la nueva regulación de las cámaras de comercio en Galicia, que abre la puerta a la racionalización del mapa cameral en la comunidad, que actualmente cuenta con nueve entes, cinco más de los que serían obligatorios -la ley estatal fija un mínimo de una cámara por provincia-.

Obligada a adaptarse a los cambios establecidos en esta última norma antes del próximo 31 de enero, la Consellería de Economía e Industria aprovecha la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que acompaña a los Presupostos de la Xunta para el 2015, y que hoy se remite al Parlamento, para definir el nuevo marco regulador. Como principal novedad, el Gobierno gallego permitirá la fusión voluntaria de cámaras, incluso de diferentes provincias (algo que ahora no estaba permitido), al tiempo que regulará también los casos en los que aquellas entidades que no son viables tendrán que integrarse de forma forzosa en otras solventes.

Y es que la supresión del recurso cameral obligatorio en el 2010 ha generado una profunda crisis en las cámaras españolas, que se han visto privadas de su principal fuente de ingresos y obligadas, con dispar fortuna, a adaptarse a un nuevo escenario de cobro por servicios. En Galicia hay ejemplos de cámaras que han podido sobrellevar esa brutal reconversión, como las de A Coruña y Vigo, ambas con buenas ratios de liquidez. Pero también de entes que han fracaso en el camino. Es el caso de la Cámara de Ferrol, que lleva un año sin gobierno, carga con una deuda de tres millones y debe ya siete pagas a su plantilla. Ningún empresario quiere hacerse cargo de su gestión y, con la nueva ley en la mano, la Xunta podrá forzar su integración con otra cámara saneada, presumiblemente la coruñesa, ya que se primarán los criterios de solvencia y proximidad.

El hecho de que se permitan fusiones interprovinciales y se abra la puerta a que una cámara desempeñe las funciones que otra, por su situación económica, no puede atender, da solución también a la crisis abierta en la Cámara de Lugo. Con una deuda superior a los cinco millones de euros, según su anterior presidente, la entidad está tutelada por el Gobierno gallego tras la dimisión de la última directiva. Aunque no puede desaparecer, ya que por ley hay que mantener una cámara por provincia, sus funciones podrán ser asumidas por otro ente.

Incentivar las aportaciones

Los cambios afectan también a los órganos de gobierno de las cámaras, que desde la entrada en vigor de la nueva norma, el próximo 1 de enero, tendrán que reservar un tercio de los asientos para vocales de empresas que realicen aportaciones voluntarias a la entidad. De esta forma, se intenta incentivar que las empresas sigan contribuyendo al sostenimiento de su cámara territorial, pese a que ya no tienen obligación legal de hacerlo.

De los nuevos vocales, la mitad serán elegidos a propuesta de las patronales más representativas, mientras que el resto los designarán las propias empresas.

El objetivo de esta nueva regulación es redefinir el mapa cameral para adaptarlo a la realidad del sector y a la voluntad de los empresarios, a los que por ley se les garantiza el acceso a los servicios, pese a que se produzcan procesos de fusión o integración.

Cumplido el trámite más urgente de adaptar la normativa autonómica a la ley básica del sector en toda España, la Xunta iniciará un proceso junto a los representantes de los entes gallegos para elaborar una nueva ley de cámaras en la comunidad, que se podría empezar a tramitar el año que viene y que tiene como principal objetivo contribuir a reforzar la sostenibilidad de estos entes a través de su autofinanciación.