Al Gobierno de Mariano Rajoy se le ha abierto otro frente autonómico. Esta vez es contra la reforma local con la que el Ejecutivo central pretende que las comunidades autónomas pasen a asumir las competencias que ahora mantienen los ayuntamientos y diputaciones. Son las conocidas como competencias impropias, que afectan, entre otros ámbitos, al sanitario y al de servicios sociales.
Hasta la fecha, 13 de las 17 comunidades autónomas se han negado a hacer propias estas competencias ya que supone asumir un mayor gasto al que alegan no poder hacer frente. El objetivo del Ministerio de Hacienda es evitar la duplicidad que en la actualidad se produce en la prestación de algunos servicios entre ayuntamientos y comunidades autónomas. Fuentes ministeriales y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estiman que la reforma en su conjunto generará un ahorro a las arcas estatales de unos 8.000 millones de euros. El ministerio asegura no tener desglosado esta cantidad por áreas, por lo que el dinero que se dejará de gastar en sanidad y servicios sociales al evitar la duplicidad de servicios es aún desconocido.
