Galicia: CIG demanda al Gobierno central que regule la jubilación parcial y anticipada
Publicada el: 5 de noviembre de 2014
Volver al inicioEl sindicato CIG pide al Gobierno central que regule urgentemente la jubilación parcial y anticipada del personal sanitario público. Para lograr este objetivo, ha remitido a los cinco grupos parlamentarios de Galicia una proposición no de ley en la que se exigen las medidas normativas necesarias. El texto propuesto insta al ejecutivo central a que en un plazo no superior a seis meses presente un estudio sobre normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial, recogiendo la realidad del personal estatutario y funcionario de los servicios de salud, tomando en consideración sus singularidades.
Particularidades
Las particularidades que, a juicio de CIG, justifican esta decisión, son que el SNS tiene una prestación de servicio continua, el trabajo en contacto con la enfermedad, la toma de decisiones sobre la vida de otras personas, la presión familiar o las guardias, que aumentan los problemas de salud. En los planes de ordenación de recursos humanos, las administraciones aducen que existe una pirámide de población envejecida que incrementa el número de incapacidades temporales y el gasto de personal, lo que hace imposible asumir acuerdos sindicales para que los médicos dejen de hacer guardias a los 55 años o adaptar puestos a personas con problemas de salud laboral. "Se dan todas las condiciones y el principal beneficiado sería el sistema. Se facilitaría un relevo del conocimiento progresivo y un cambio generacional menos traumático", dice la secretaria general de CIG-Saúde, María Xosé Abuín. A tenor de sus explicaciones, la jubilación parcial implicaría que el trabajador público podría dejar de trabajar entre el 25 y el 75 por ciento de la jornada a partir de los 61 años, y cubrir ese tiempo con un contrato de relevo.
La idea de implantar esta modalidad se contempla en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. La disposición adicional séptima indica que en el plazo de un año el Gobierno presentará un estudio sobre la normativa reguladora de esta jubilación, que debe contemplar la realidad específica del personal de los servicios de salud.