El Sergas pierde millones de euros por no facturar asistencia y fármacos que debe cobrar

El Sergas ofrece asistencia sanitaria a pacientes que no tienen cobertura por el propio servicio de salud, por lo que alguien debe pagar estas prestaciones. ¿De qué usuarios se trata? De ciudadanos de otras comunidades; extranjeros en estancia temporal; asegurados de otros países residentes en España; o aquellos casos en los que hay un tercero obligado al pago, bien sea por un accidente de trabajo o tráfico, o porque debe abonar la factura el propio enfermo. El Consello de Contas ha emitido un informe de fiscalización de estos servicios que presta el Sergas en el que detecta «destacados perjuicios económicos» por no cobrar prestaciones y fármacos que deben abonarse.

El organismo da múltiples ejemplos. Si el enfermo es de otro país, está desplazado en Galicia de forma temporal y posee la tarjeta sanitaria europea, no tiene derecho a todas las prestaciones, pero el Consello detecta casos en los que se supera ampliamente la asistencia garantizada, con tratamientos complejos, vacunaciones o incluso consultas sucesivas con el especialista. Habitualmente tampoco se realizan las facturaciones por el gasto farmacéutico. Contas pone como ejemplo el colectivo de españoles retornados como pensionistas que no exportaron su derecho -es decir, que siguen asegurados en otro país-. Otra de las lagunas se refiere a los casos en los que hay un tercero obligado al pago. En algunos no puede facturarse porque la información se basa en la mera declaración del interesado, ya que no se exige al paciente su identificación a través del pertinente documento -por ejemplo en un accidente laboral-. Hay también un deficiente control cuando se traslada a un enfermo de un centro a otro por la falta de protocolos, «que aseguren que la continuidad de la asistencia prosiga siendo objeto de facturación, lo que acarrea los consiguientes perjuicios económicos».

El Consello de Contas aporta los datos del programa llevado a cabo por la Inspección de los servicios sanitarios de Pontevedra, para revisar casos en los que había un tercero obligado al pago y cuya facturación había pasado desapercibida, y que detectó un volumen de facturación de 7,5 millones de euros que por diversas funcionalidades «había escapado a su debido control».

Según la liquidación de los accidentes de tráfico, de trabajo o facturas que debiera cobrar a varios o particulares, Contas revela que existían 89 millones de derechos pendientes de cobro a finales del año 2011. Eso sí, hay una enorme discrepancia entre la información de Hacienda y la que dan los centros, que llega hasta los 44 millones de euros. Además, muchas de estas facturas pendientes son anteriores al 2006, por lo que el 43 % de estos cobros, «dada su antigüedad», ya habrían prescrito.