El sindicato CESM presentó el viernes en La Coruña una declaración conjunta en la que reclama una profunda modificación de la financiación del SNS, de modo que los fondos para la sanidad tengan carácter finalista para evitar que algunas autonomías le dediquen menos que otras y para garantizar que todas reciben al menos lo necesario para poder ir incrementando el gasto público en sanidad desde el 6,7 por ciento hasta el 7,5 por ciento del PIB, en línea con el esto de países de su entorno.
La declaración institucional de CESM, entre una batería de propuestas, explica que las aportaciones del Estado a las autonomías en materia de sanidad deberían ser en función del número de habitantes con una variación de hasta el 5 por ciento en función de criterios como la dispersión de la población o el envejecimiento, volviendo así al modelo de financiación que rigió hasta 2009 y que el sindicato considera más justo que el actual. Y dicha dotación debería tener carácter finalista, "pues en modo alguno está justificado, como hoy ocurre, desviar recursos y sufragar otros servicios menos necesarios desde el punto de vista humano".
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En materia de financiación CESM reclama también un sistema más ágil para resolver las liquidaciones entre autonomías por la atención a pacientes derivados y turistas.
Al margen de la financiación del SNS, insta en sus propuestas a acabar con la "marginación de la atención primaria" y, en consecuencia, reclama "que la atención primaria reciba como mínimo un 25 por ciento del presupuesto sanitario público", pero también "que se incrementen las plantillas para cumplir los ratios óptimos asistenciales" marcados legalmente, que se provea al sector "de los medios técnicos necesarios para la realización de pruebas diagnósticas y actuaciones terapéuticas que eviten o moderen la derivación de pacientes al nivel hospitalario", que se cree la figura del "administrativo auxiliar clínico" para descargar de burocracia al médico y que termine de implantarse la tarjeta sanitaria única, receta electrónica e historia digital.
Consciente de los incrementos de gasto que supondrían sus propuestas, CESM aborda también en su informe mejoras de eficiencia, que instan a acabar con la "muy deficiente coordinación entre primaria y especializada" y a crear una agencia operativa de evaluación tecnológica que elabore informes de desinversión en recursos que no aporten valor.
Sobre el copago, CESM reconoce que no corresponde a los profesionales pronunciarse sobre una decisión política como lo es "la procedencia de los recursos", pero afirma que "siendo la necesidad de mejora de la financiación sanitaria incuestionable, antes que admitir que la sostenibilidad del sistema siga sustentándose en el progresivo empeoramiento de la calidad asistencial y en los recortes salariales, deben valorarse alternativas como la coparticipación e los ciudadanos".
Además, reclama la creación de una agencia pública de compras para tecnología y consumibles y propone "alcanzar un nuevo pacto entre la Administración y los agentes implicados" en lo que a prestación farmacéutica se refiere puesto que la situación actual, en su opinión, genera beneficios desproporcionados a las distribuidoras y a las farmacias.
En contra de los modelos 'Alzira'
CESM reconoce que, en tanto no exista una central de balances que permita comparar resultados, el debate sobre si es mejor la gestión privada de la sanidad es absurdo. Sin embargo se decanta ya en contra de los modelos Alzira y sus variantes porque "son en realidad una subcontratación parcial del aseguramiento sanitario público a empresas mercantiles. No estamos pues ante la mera gestión o provisión privada de servicios sanitarios, sino ante una situación en la que el empresario concesionado gestiona la caja sanitaria pública de poblaciones enteras" y "esa privatización es incompatible con el modelo del SNS".
