España tiene el triple de facultades de veterinaria que toda Francia

La recomendación de Europa es clara: una facultad de Veterinaria por entre siete y diez millones de habitantes. La inmensa mayoría de los países europeos han asumido esta regla, salvo España, que con doce (nueve públicas y tres privadas) toca a un centro por cada 3,9 millones. El sector está ya saturado y los cerca de 1.200 titulados que salen cada año lo tienen cada vez más complicado para encontrar empleo, una situación que se complicará mucho más con la posible apertura de otras cinco nuevas facultades (Lérida, Valencia, Vitoria, Alicante y Madrid). Es una amenaza ante la que se ha rebelado todo el sector -estudiantes, profesores y profesionales- de forma unánime y que ha convocado para hoy una gran movilización para frenar la apertura de las cinco nuevas facultades.

La protesta ha sido impulsada por la Conferencia de Decanos y Decanas de Veterinarios de España, en la que está representada la facultad de Lugo, y ha sido respaldada en Galicia por el Consello Galego de Colexios Veterinarios. La movilización en Galicia será a las doce del mediodía, al igual que en el resto de España, en el campus de Lugo.

«Abrir más centros perjudicará seriamente a los futuros veterinarios y a todo el sector profesional, porque supondrá una pérdida del excelente nivel académico actual avalado por la UE, sobredimensionará la oferta de estos estudios, saturará el mercado laboral disparando el paro y la precariedad y aumentará el grave déficit económico que soportan las universidades públicas», resume Antonio Rouco Yáñez, el presidente de los decanos.

Los datos dejan a España en muy mal lugar si se compara con los países de su entorno. En Francia, por ejemplo, un país con mayor producción ganadera, hay cuatro facultades; en Alemania, 5; En Gran Bretaña, 6; en Suiza, 2, mientras que Suecia, Noruega, Holanda o Austria tienen una.

La conclusión de los veterinarios es que ya existen más facultades de las necesarias y que bastarían con entre 4 y 7. Existe un problema añadido, el alto coste de las matrículas, de entre 9.000 y 12.000 euros por año, y la elevada inversión que se necesita para construir una facultad con garantías, unos 15 millones, a los que habría que sumar entre 8 y 10 para el mantenimiento anual. Esto supone que las universidades difícilmente podrían asumir estos gastos, lo que reduciría la calidad de la formación.