La facultad de validar a los médicos compete exclusivamente a los colegios profesionales y, por tanto, la validación periódica de la colegiación (VPC) que la Organización Médica Colegial quiere instaurar este año en las 17 autonomías no requerirá ningún aval de la Administración. Otra cosa -matiza Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC- es que las consejerías de Salud firmen acuerdos puntuales con sus respectivos consejos colegiales para reconocer de alguna forma el proceso validador, como ha sucedido en Castilla y León, la única autonomía que, de momento, tiene un acuerdo formal entre Administración y consejo colegial para desarrollar su VPC. "La OMC no ve mal esos acuerdos, pero sólo como una forma de que el empleador reconozca un proceso evaluador que debe estar monitorizado en exclusiva por colegios, consejos autonómicos y Consejo General", dice Garrote.
Homogeneización
Partiendo de esta premisa básica, la OMC celebrará el último fin de semana de enero una Asamblea General monográfica sobre la validación, uno de los grandes proyectos del Consejo General para 2015. "El objetivo de esta primera Asamblea es fijar unos principios homogéneos, tanto técnicos como formales, para la implantación del procedimiento en los 52 colegios". Garrote no oculta que, desde el punto de vista técnico, la referencia será precisamente Castilla y León, "porque firmaron el acuerdo hace casi un año y, en teoría, el grado de implantación del proceso es mayor que en otras comunidades". Aun así, insiste en que el convenio suscrito por el consejo castellanoleonés con la Gerencia Regional es sólo "una parte más de ese acuerdo, una decisión tomada por ambas partes que no tiene por qué repetirse en el resto de las autonomías".
José Luis Díaz Villarig, presidente del consejo colegial de Castilla y León, coincide con Garrote en que "la validación es competencia única del consejo, y eso es algo meridianamente claro en el acuerdo que firmamos en febrero, pero es evidente que para que la VPC sea atractiva, para que los médicos la sientan como una necesidad, hay que dotarla de contenido, hay que darle un plus de reconocimiento que sólo puede brindar la Administración". Díaz Villarig tiene claro que "o el proceso se articula en todas las comunidades con acuerdos bilaterales similares al de Castilla y León o será papel mojado. El médico no ve la necesidad de someterse a un proceso que no es obligatorio si ese proceso no le aporta un valor añadido".
Pocos avances
Aun así, casi un año después del acuerdo de Castilla y León, Díaz Villarig reconoce que se ha avanzado poco. "El proceso sigue en su fase inicial [Valladolid fue uno de los 3 colegios que la OMC eligió en 2012 para instaurar la fase piloto de la VPC], entre otras cosas porque la Consejería aún no ha concretado qué reconocimiento le va a dar al médico que logre su validación, y urge hacerlo". Según el texto del acuerdo, la Consejería de Castilla y León se compromete a "fomentar y difundir el procedimiento de validación y a expedir los certificados de aptitud psicofísica de los médicos que trabajen en Sacyl", pero según el dirigente colegial "no basta con un reconocimiento meramente formal, hay que concretarlo con puntos adicionales en las OPE o concursos de traslados, con un reconocimiento añadido en la carrera, o con otro incentivo que deberemos concretar, pero que debería estar bien definido, tanto en Castilla y León como en todo el Sistema Nacional de Salud".
El secretario general de la OMC admite que el hecho de que las autonomías puedan o no reconocer la validación periódica concedida por los colegios puede generar heterogeneidad y agravios comparativos en el SNS, pero matiza que "la propia demanda de los médicos, que reclamarán un reconocimiento similar en todas las autonomías, y el hecho de que la recertificación profesional sea obligatoria en España a partir de 2016 harán que la situación se normalice".
