Comisión de Bioética de Galicia: el RDL 16/2012 vulnera equidad y universalidad

La Consejería de Sanidad de Galicia ha publicado el informe de la Comisión de Bioética de Galicia, un documento que había provocado dimisiones entre sus miembros al no ver, en principio, la luz por decisión del Gobierno gallego.

El texto considera que el Real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud pone en cuestión los principios de universalidad, equidad y gratuidad de su modelo ético al garantizar la asistencia sanitaria completa únicamente de aquellas personas que tienen la condición de aseguradas o beneficiarias. También que "se sacudieron el valor superior de la igualdad recogido en el artículo 1.1 de la Constitución Española y el derecho fundamental a la salud". Son algunas de las conclusiones del informe sobre desigualdades en el sistema sanitario, elaborado por este órgano asesor y que finalmente fue publicado por la Consejería de Sanidad.

La difusión se ha producido después de que la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, sellara un acuerdo con la Comisión que puso fin al conflicto generado por la dimisión de la mitad de sus miembros. Precisamente, la negativa del departamento que dirige Mosquera a hacer público este informe y el convencimiento de los dimisionarios de que el grupo no podía actuar con independencia, generó esa renuncia en bloque.

El informe es tan breve (sólo cinco folios) como crítico con la citada norma, de la que dice que no cuenta con "una verdadera exposición de motivos" y que generó "una alarma en la sociedad". De todas formas, señala claramente que las desigualdades ya existían antes de que se aprobara. Apunta que en el proceso de deliberación realizado, se detectaron distintas fuentes favorecedoras de situaciones de desigualdad en la asistencia sanitaria: "Una parte de estas situaciones está instalada en el sistema con anterioridad y con independencia de la publicación del Real decreto ley 16/2012, mientras que otras están directamente relacionadas con él". Añade que las desigualdades detectadas en la práctica asistencial ordinaria evidenciaron disfunciones cuyo origen parece estar tanto en el propio sistema como en comportamientos de profesionales y usuarios: "Desigualdades derivadas del contexto actual y desigualdades preexistentes".

La Comisión señala que parte de sus efectos se perciben como paliados gracias al compromiso y esfuerzo de diferentes agentes y colectivos, pese a lo cual el análisis es pertinente porque no significa que la norma se haya derogado ni cambia su mandato: "Más bien al contrario, la precariedad que genera esta situación y la denuncia permanente que acompaña el empeño de mitigar sus efectos en el ámbito sanitario, jurídico y social, no hace sino reforzar la valoración negativa que la Comisión Gallega de Bioética comparte sobre dicha norma y fortalecer su deber de hacer partícipe de eso a la Consejería de Sanidad y el Servicio Gallego de Salud, a quien asesora".

Recomienda seguir profundizando en la detección y análisis de estas desigualdades para atenuarlas y procurar su eliminación, objetivo que, a su juicio, sólo parece posible con el compromiso de todos los agentes que conforman el sistema sanitario. Para ello, pide a la Consejería de Sanidad que adopte y aplique todas las medidas que permitan lograr esta finalidad. Y entre ellas, propone la difusión del documento.

El órgano asesor recuerda que el conjunto normativo vigente obliga a que las medidas relativas a la sostenibilidad se armonicen con los fines de la medicina, "cuya protección debe ponderarse antes de cualquier otro valor y objetivo también legítimos" y con la obligación ética de lograr la equidad.

El encuentro entre la consejera y los miembros de la Comisión que abrió la vía a la publicación del estudio dio lugar también al compromiso de reformular el funcionamiento y composición de este órgano asesor de manera que se avance en su independencia, proceso que culminará con una nueva orden por parte de la Consejería que dé fe de esa revisión. El hecho de que la presidencia estuviera ocupada por un alto cargo del Sergas era visto por parte de sus integrantes como una injerencia en su independencia.