El subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Carlos Lens, ha advertido en Sevilla del "peligro" que las subastas de fármacos en Andalucía podrían ocasionar al tejido industrial "de generalizarse esta tendencia en otras autonomías", vaticinando una "fragmentación del mercado farmacéutico y ambulatorio español, una deslocalización" aún mayor de la industria del ramo y una pérdida del peso que este sector aporta el PIB total.
En el marco de la jornada Sensibilidad y Equidad en el acceso al medicamento en Andalucía, organizado por Antares, Lens ha alertado de que la adopción de esta iniciativa por parte de otras comunidades "podría acarrear un escenario con consecuencias no pequeñas en el tejido industrial", hecho del que ha admitido que "nos preocupa extraordinariamente por su efecto de fragmentación del mercado".
- La presidenta de la Asociación del Defensor del paciente andaluz, Carmen Flores, tachó el modelo andaluz de "indiscriminado y dictatorial"
Presupuestos afectados
Con que "sólo hubiera cinco o seis autonomías" siguiendo esta iniciativa de las subastas, "se dificultaría enormemente el sistema de oferta de medicamentos para el sector ambulatorio y le dotaría de una incertidumbre tremenda por los calendarios de adjudicación" de los concursos, ha explicado antes de insistir en que una generalización de la medida andaluza "tendría igualmente su repercusión en los presupuestos y en la planificación económico-financiera de las empresas. No está Europa, y menos España, para deslocalizar y perder más industria".
De hecho, y pese a que ha valorado los planteamientos de libre mercado, ha amtizado que "sin generación de PIB local no hay prestaciones sociales", y ha añadido: "Éste es el enfoque que nos mueve a perseverar y a esperar que el Tribunal Constitucional nos dé una sentencia, sino favorable en su totalidad, sí para que la prestación farmacéutica española siga siendo universal y equitativa y que no existan fenómenos de fronteras dentro de España".
Preguntado por si, aparte de los recursos elevados al Constitucional, el Ministerio dispone de alguna otra baza legal más para impedir que la Administración andaluza siga sacando a licitación pública distintas moléculas, ha admitido que la figura de la alta inspección desapareció con el avance del Estado de las autonomías.
"Si bien antes teníamos la función de la alta inspección como una de las responsabilidades del Estado, el avance de las autonomías a mediados de los 90 fue arrinconando primero y eliminando después esta figura y ya desde la Ley de Cohesión de 2003 no existe le acción ejecutiva directa del Ministerio sobre las comunidades".
A su juicio, las subastas andaluzas no generan un ahorro para el paciente, "ya que lo que tiene que pagar no se ve modificado", por lo que entiende que "no se puede hablar de un ahorro en sentido estricto, sino un ingreso extra para la Junta de Andalucía por cuanto las adjudicatarias de las subastas facturan a los precios autorizados por el Ministerio de Sanidad y, en función del número de unidades vendidas, dan una cantidad a la hacienda andaluza". Según ha concluido, hay ingresos adicionales para las arcas andaluzas, "pero que no se conocen y ni tan siquiera luce en los presupuestos".
La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha tildado de "indiscriminada y dictatorial" la decisión de la Junta andaluza de hacer unas subastas "que perjudican claramente a los pacientes, a los que les obligan a tomar lo que la Administración quiere. La situación es de falta de equidad, igualdad y dignidad para el propio paciente, ya que cuando necesita un fármaco se le debe de dar el mejor para la patología que tiene y sin cambiarle su medicación como provoca el desabastecimiento".
La OMC pide extenderla a todo el SNS
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, insistió en lo que la organización colegial ya dejó caer en su último informe sobre medicamentos y no sólo defendió ayer la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía, sino que pidió "hacerla de ámbito nacional y extenderla al resto de comunidades", estimando que se podrían ahorrar unos 1.500 millones de euros al año. El presidente de la OMChabló así del modelo andaluz en la presentación de la encuesta sobre la situación laboral de los médicos (ver pág. 5), que tuvo lugar en Madrid ayer por la mañana, coincidiendo en el tiempo con la celebración de la jornada que acogió Sevilla.
