Si algo caracteriza a la Comunidad Valenciana en materia de sanidad ha sido su apoyo decidido a las fórmulas de gestión privada de la sanidad pública. Hace ahora poco más de quince años que abrió sus puertas el Hospital de La Ribera, que dio nombre al llamado modelo Alcira, y hace apenas un mes que el Parlamento valenciano, por iniciativa en solitario del PP refrendó este modelo blindando legalmente este tipo de fórmulas de gestión pese al aluvión de críticas que las han acompañado en los dos últimos años tras los intentos de Madrid de extenderlas en sus hospitales y centros de AP.
Baile de cifras
Pero también caracteriza a Valencia su constante queja sobre el modelo de financiación, que le ha forzado durante años a ser una de las autonomías con menor gasto sanitario por habitante, pese a ser, a la vez, una de las que mayor esfuerzo presupuestario realiza en sanidad. Comoquiera que sea, el baile de cifras presupuestarias de los últimos años ha cambiado las tornas y la autonomía dedicará en 2015 a sanidad el 31,8 por ciento de todo su presupuesto, algo menos de lo que lo hará el conjunto de comunidades autónomas, que darán el 33,05 de sus fondos a la sanidad. El gasto por habitante, tras elevar el presupuesto para este año en un 2,2 por ciento, se ajusta ya casi a la media, con 1.107 euros, frente a los 1.156 nacionales.
A lo largo de esta legislatura, la Comunidad Valenciana ha sido protagonista en muchos frentes. Tal vez el de mayor calado ha sido su particular política en materia de farmacia, para la que ha implantado un modelo de algoritmos corporativos de prescripción que indican a los facultativos la opción más coste-efectiva para el tratamiento de cada patología.
El modelo surgió con gran revuelo y críticas no sólo por parte de las sociedades científicas (a las que posteriormente se dio voz para la elaboración de los algoritmos intentando aplacar los ánimos) sino también por parte del Gobierno central y de la industria farmacéutica. Finalmente, Valencia consiguió esquivar el recurso en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central, que aceptó los algoritmos bajo promesa de que fuesen consensuados con las sociedades científicas y no proliferasen más de los que ya estaban vigentes en el momento de la negociación.
Pero también ha sido protagonista por las demoras en los pagos a los proveedores sanitarios, sólo salvadas por inyecciones económicas del FLA, la última de hasta 635 millones de euros.
Nuevas leyes
Entre las nuevas leyes que han salido adelante en la legislatura valenciana destaca la reciente Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que profundiza en la idea de la libre elección de médico y centro con una visión más amplia que la del decreto nacional pero no tanto como la extendida en Madrid o recientemente en Aragón y Galicia, al no crear un área única. La norma también concede la calificación de autoridad pública al médico para defenderle de posibles agresiones.
En lo que a listas de espera se refiere, la autonomía ha salvado sus números, con apenas 60 días a cierre de 2014 (menos que la media nacional) tras recurrir a autoconcertación y planes de choque con derivaciones a la privada.
La comunidad ha desatascado también su plan de infraestructuras, inaugurando el Hospital de Lliria, tras ocho años de espera. Y, en recursos humanos, la legislatura ha terminado con la convocatoria de más de 250 plazas.
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Pocos seguros, pero mucha presencia privada
Los datos sobre la sanidad privada en la Comunidad Valenciana, publicados por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina a las principales aseguradoras sanitarias y grupos hospitalarios privados, muestran que el 43 por ciento de los hospitales de la autonomía están en manos privadas y que el sector privado llega a copar una de cada cuatro cirugías en la comunidad y supera a la pública en posesión de PET y la iguala en número de resonancias magnéticas.
Sin embargo, los datos de valencianos con doble aseguramiento público y privado están por debajo de los del conjunto de España. Concretamente, si para el conjunto del país el 18 por ciento de la población cuenta con un doble aseguramiento, esta cifra baja en el caso de la Comunidad Valenciana hasta el 13,7 por ciento de su población, sin haber crecido apenas en los últimos tres años, en los que sólo ha sumado un 0,5 por ciento más de asegurados. Al margen del reparto entre la sanidad pública y privada, las cifras muestran que la Comunidad Valenciana cuenta con algo más de presión que la media española en cuanto a número de tarjetas sanitarias asignadas a cada médico de AP (1.464 frente a las 1.372 de media nacional), significativamente menos camas por mil habitantes (2,4 frente 3,1 para el conjunto del país), mayor peso del gasto farmacéutico sobre el conjunto del gasto sanitario (23,3 frente a 19,2 por ciento) y menor esperanza de vida en buena salud (58,9 años frente a los 60,6 nacionales).
