Los gerentes de servicios sociales alertan de deterioro de la sanidad pública

La Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales (ADyGSS) ha presentado esta mañana un extenso informe bautizado irónicamente como Debate del Estado Social de la Nación en el que analiza la situación de pobreza y exclusión de la población en combinación con la pérdida de derechos y servicios sociales y sanitarios a estos colectivos. Así, Según la ADyGSS 14,1 millones de personas viven en España en situación técnica de pobreza (menos del 60 por ciento de la mediana de ingresos) y 6 millones de ellos en situación de pobreza severa (menos del 40 por ciento de la mediana de ingresos).

Teniendo en cuenta esta desprotección social, los gerentes de servicios sociales califican de especialmente grave "la política sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de España y por algunos Gobierno autonómicos en los últimos año, que ha supuesto un deterioro importante en la calidad de los servicios sanitarios y una erosión a los principios de universalidad, solidaridad, equidad y calidad, en los que se basa nuestro Sistema Nacional de Salud".

• "En el ultimo año, 840.000 personas no pudieron pagar su fármacos"

El informe de los gerentes sociales apoya con cifras sus críticas a la pérdida de calidad que en su opinión ha sufrido la sanidad española en la última legislatura. Según datos aportados por Cruz Roja y recogidos en el informe "840.000 personas confesaron en el último año tener dificultades económicas para cubrir gastos relacionados con su salud, principalmente medicinas". Los gerentes sociales advierten al respecto que el RDL 16/2012 retiró la tarjeta sanitaria a 800.000 personas en España, "introdujo nuevos copagos, sobre todo para medicamentos para pensionistas, que son las personas más necesitadas de atención sanitaria y además retiró de financiación pública 500 medicamentos".

El estudio resalta además que mientras el dinero destinado a sanidad pública disminuyó en un 5,38 por ciento en 2012 (último dato oficial), "los pagos directos de los hogares en gastos sanitarios aumentaron fuertemente, un 4,27 por ciento. Dicho de otra forma, los pacientes tuvieron que pagar de su bolsillo 855 millones más en 2012 respecto al año anterior. Y esto lo gastaron los que pudieron pagarlo -continúa el informe- porque muchas personas no pudieron pagar estos aumentos".

• "Se han perdido 50.000 puestos de trabajo en sanidad"

Las críticas a la pérdida de calidad continúan a lo largo del estudio, en el que se alerta de un incremento de las listas de espera de un 26 por ciento entre 2010 y 2013 a lo que hay que añadir "que las estadísticas de listas de espera están siendo manipuladas por las consejerías, dando de baja a pacientes que no han sido atendidos pero que se han negado a ser derivados a centros privados; pacientes derivados a la privada pero que no han sido atendidos todavía, etc.", afirma el informe. Parte de ese incremento de las listas de espera se debería "a la reducción del número de profesionales que supera ya los 50.000" y en general al recorte del gasto sanitario público de 6.429 millones de euros entre 2009 y 2012, es decir, una caída del 9,1 por ciento, detalla el texto.

Los gerentes sociales, que critican duramente también los procesos privatizadores  ("los centros privados aumentaron 446 millones su gasto en servicios públicos mientras el gasto para la provisión de centros públicos se redujo en 2.026 millones en 2012") alertan finalmente sobre nuevos planes de recorte para la sanidad. En este sentido señalan que el Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017, remitido por el Gobierno a Bruselas, prevé "en su página 47 un objetivo de reducción de otros 0,9 puntos del PIB [en sanidad], un 13,3 por ciento sobre 2012, es decir, otros 9.000 millones de euros de recortes, hasta reducir [el peso de la sanidad] a un 5,3 por ciento del PIB, un retroceso de más de 20 años".

Por ello, los gerentes sociales instan al Gobierno a no acometer dichos planes y, por el contrario, elevar el peso de la sanidad sobre el PIB: "España, con una renta per cápita por encima de los 20.000 euros, puede permitirse un gasto sanitario público del 7,5 por ciento de su PIB", concluyen los gerentes sociales.