Inhabilitan al alcalde de Punxín por despedir a una empleada que era del PP
Publicada el: 2 de octubre de 2010
Volver al inicioLa Audiencia Provincial de Ourense ha condenado al alcalde de Punxín, el socialista Alfredo Cruz Gago, a la pena de ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público al haberse demostrado que es autor de un delito de prevaricación. La sentencia es firme y no cabe recurso. La Audiencia, por tanto, estimó la apelación presentada por el Ministerio Fiscal contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, que había absuelto al alcalde de Punxín.
Queda probado que el 21 de junio del 2007, pocos días después de haber tomado posesión de la alcaldía, Alfredo Cruz rubricó una carta de despido de la empleada del Concello Ramona Lema, que desempeñaba tareas de limpieza desde octubre del 2005 y que había sido candidata del PP. El regidor adoptó esa decisión, resalta la sala, «pese a ser conocedor de que la misma no era ajustada a derecho, habiendo sido informado de tal extremo, tanto verbalmente como a través de informe por la secretaria de la corporación municipal».
Discrepa la sala de la valoración hecha por la magistrada jueza del Penal 1 y señala en su sentencia que «resulta debidamente acreditada la concurrencia del delito de prevaricación que se imputa al acusado». A la Audiencia no le cabe duda alguna de que la conducta del alcalde de Punxín «reúne todos y cada uno de los elementos que integran la infracción ya referida».
Resalta el informe que elaboró la secretaria municipal advirtiendo al alcalde que la resolución adoptada era ilegal y que él conocía tal circunstancia. «Fue informado, primero verbalmente y, después, mediante la emisión de un informe, de que el despido de la trabajadora del Ayuntamiento no se ajustaba a la legislación aplicable, procediendo él mismo a hacerlo efectivo».
La secretaria, contundente
También tiene en cuenta la sala el testimonio contundente de la secretaria municipal cuando relató que advirtió al alcalde que lo que iba a hacer era ilegal y de cómo este le dijo que la persona a despedir «le había hecho mucho daño» (la limpiadora había concurrido a las mismas elecciones en las listas del PP). Entiende la Audiencia que la persistencia del alcalde hizo que se emitiera el informe de la secretaria en el que se ponía de manifiesto lo desfavorable que era el despido de la trabajadora. Esta actuación del alcalde no se puede entender, dice la sentencia, como una simple irregularidad administrativa o laboral, «apreciándose la existencia de una clara y patente resolución injusta, arbitraria, dictada de manera consciente».
No tiene en cuenta la sala los argumentos de la defensa en el sentido de que había quejas sobre la trabajadora, no acreditadas y desprendiéndose de la declaración de la secretaria la inexistencia de estas. Además, añade la sentencia que aún habiendo esas quejas hacia la trabajadora «no habrían excusado en ningún caso de la tramitación del despido conforme al procedimiento legalmente establecido».
Por todo ello la Audiencia de Ourense revocó la sentencia penal en la que se exculpaba a Alfredo Cruz de la prevaricación que sí cometió, tal y como indica el fallo de la sala. Esta sí se muestra de acuerdo con los razonamientos de la jueza del Penal 1 que la llevan a no apreciar la existencia de un delito contra el derecho de los trabajadores, que imputaba al alcalde la acusación particular. No se practicó prueba alguna que permita acreditar este último delito y de la prueba testifical no se desprende que el despido viniera justificado por la orientación política de la trabajadora y menos que después de acabar el procedimiento laboral no se hubiera restablecido la situación de la empleada ni reparado el daño económico causado.
La pena impuesta ahora por la Audiencia Provincial de Ourense al alcalde de Punxín se sitúa, dice, en el tramo mínimo de la mitad inferior de la señalada para el delito «y que se estima ajustada a la entidad del mismo». Ante este fallo, el alcalde tendrá que dejar su responsabilidad política en el Concello, al que llegó de la mano del hoy secretario general del PSOE gallego, Pachi Vázquez, entonces responsable del partido en la provincia de Ourense.