Juristas también dudan de la legitimación del PSOE en el caso de la paridad de la Xunta

La decisión del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de hacer saber a las partes sus dudas sobre la «eventual falta de legitimación» del grupo parlamentario socialista para cuestionar por la vía judicial la legalidad de la composición del Gobierno de Núñez Feijoo, por incumplir la ley de paridad, fue acogida con perplejidad en medios socialistas y con alivio en las filas populares. En medios jurídicos lo que más ha sorprendido es que se confundan dos conceptos. Que un grupo parlamentario que en su día apoyó en la Cámara gallega la aprobación de la ley de paridad de la Xunta tenga «legitimidad» política para denunciar su supuesto incumplimiento no implica forzosamente que cuente con la «legitimación» necesaria para ser parte en un proceso penal.

Expertos en Derecho Administrativo consultados precisan que en un procedimiento de estas características solo pueden ser parte las personas jurídicas reconocidas por ley (organismos públicos con competencia en la materia, los sindicatos más representativos y las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres) o las personas físicas directamente afectadas. Los juristas precisan que ni los grupos parlamentarios ni sus portavoces reúnen esos requisitos.

Las mismas fuentes aclaran que los grupos pueden recurrir a la vía contencioso-administrativa cuando lo que pretendan cuestionar sean resoluciones de la Cámara de la que forman parte, «nunca un acto administrativo, como es la composición de un Gobierno». La profesora de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña Ana Aba Catoira entiende que estos argumentos son «discutibles» y que el tema requiere un estudio en profundidad.

Aunque la propia providencia del TSXG aclara que lo acordado «no prejuzga el fallo definitivo», lo cierto es que, si concluyen que los recurrentes no tenían legitimación para hacerlo, no se van a pronunciar sobre el fondo: la legalidad de la composición de la actual Xunta. ¿Por qué han tardado más de un año en debatir el tema? Fuentes consultadas han explicado que el proceso es «lento» y que el cumplimiento de los plazos legales exige un mínimo de 185 días antes de entrar a resolver la cuestión.