La bajada de sueldo a los funcionarios podría costar 2.100 millones al Estado

La parte social ha ganado una primera batalla en la Audiencia Nacional. Su sala de lo Social ha expresado, por unanimidad, «dudas sobre la constitucionalidad» del recorte salarial medio del 5% ejecutado por el Gobierno el pasado mes de junio a los empleados públicos. El Ejecutivo aprobó a finales de mayo el decreto ley sobre reducción del déficit, que abría la vía para abordar un recorte salarial a tres millones de empleados públicos, unos 150.000 en la comunidad autónoma gallega. Era una medida nunca antes llevada a cabo.

Las dudas que entonces expresaron los dirigentes de UGT y CC.?OO. sobre la legalidad de que un decreto del Gobierno aplique recortes a todos los trabajadores de las empresas públicas las acaba de suscribir la Audiencia Nacional, que ha dictado una providencia -fechada el pasado tres de octubre-, en la que da un plazo improrrogable de diez días a las partes implicadas para que presenten alegaciones. Han de hacerlo sobre la pertinencia de plantear una cuestión de constitucionalidad sobre la nueva redacción de tres artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2010. La Audiencia expresa sus dudas sobre estos artículos por entender que podrían afectar al «contenido esencial» del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

La providencia plantea igualmente una posible inconstitucionalidad por «posible afectación del derecho de igualdad», puesto que en la ley se establece la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público, y excluye al personal no directivo de empresas públicas como Renfe, ADIF y Aena, que tienen convenios colectivos.

Fallo extensible

En consecuencia, el tribunal ha admitido la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos UGT, CC.?OO. y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Comité Intercentros de la FNMT. Inicialmente, el auto final sobre el recorte solo afectaría a los trabajadores de la Fábrica de Moneda, pero dejaría abierta la puerta para el resto de trabajadores de la función pública.

Los sindicatos creen que hay opciones de ganar el conflicto, si bien se mantienen cautos, y optan por no lanzar las campanas al vuelo ni generar expectativas. Enrique Lillo, letrado del gabinete de CC.?OO., aseguró, sin prejuzgar el sentido final del procedimiento, que la providencia de la Audiencia Nacional refuerza la posición defendida por ese sindicato frente al recorte salarial, y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para el 2010 en las Administraciones y sector público.

«Estamos satisfechos, pero quedan más batallas», puntualizó a este diario José Francisco Fernández, secretario de política sectorial de Comisiones. Aseguró además que la parte social mantendrá las acciones jurídicas y procesales iniciadas, en espera de que la Audiencia, una vez transcurridos los diez días de plazo para que las partes presenten alegaciones, se pronuncie «en las próximas semanas».

Pronta resolución

«Si la Audiencia toma la decisión de que el decreto es inconstitucional, tendrá que exponer el correspondiente procedimiento de inconstitucionalidad o resolver», apostilló el dirigente sindical.

Por su parte, el secretario xeral de Comisións Obreiras, Xosé Manuel Sánchez Aguión, valoró con prudencia y esperanza las dudas expresadas por la Audiencia Nacional: «Certamente ábrenos unha expectativa pero non temos seguridade total de que vaia para adiante».

Sánchez Aguión prefirió evitar unas expectativas excesivas en este sentido, porque a su juicio el asunto «é moi complicado». En caso de que finalmente se resolviese a favor de los sindicatos, el Estado tendría que retornar unos 2.100 millones a los empleados públicos en el 2010, apuntó el dirigente sindical.