Seis días después del vertido de un millón de metros cúbicos de lodos tóxicos que mató a cinco personas, causó lesiones graves a 150 y amenazó la gran arteria del Danubio aniquilando todo rastro de vida en 40 kilómetros cuadrados al oeste de Hungría, el debate sobre el reparto de responsabilidades ha comenzado. ¿Asumirá la empresa la recuperación ambiental de la zona afectada? ¿Lo hará el Gobierno magiar y, por tanto, sus contribuyentes? ¿Quien contamina paga, como se proclamó en la cumbre de Río de 1994? ¿O de nuevo los beneficiarios de la actividad industrial causante de la catástrofe practicarán el escapismo apoyados en la difusa normativa europea en materia ambiental? Horas después de la rotura de la balsa donde se almacenan todavía 49 millones de metros cúbicos de residuos, la compañía Magyar Alumínium (MAL), heredera de la industria pesada de la era comunista y, tras su privatización en el tránsito democrático de los años noventa, propiedad de tres socios con fortunas superiores a los 60 millones de euros, colgó en su página web una escueta nota de condolencia a las familias de las víctimas. De las causas del accidente, apenas un comentario sobre las intensas lluvias caídas en los días anteriores, hecho que el Gobierno húngaro se apresuró a matizar, advirtiendo que el vertido tenía un origen humano.
El pulso no hacía sino empezar. Pocas horas después, la dirección de la planta de aluminio difundía un nuevo comunicado en el que negaba toda responsabilidad y aseguraba que ni pudo prever el accidente ni hacer nada para evitarlo. Recordaron que el barro rojo, en su caso un fluido altamente tóxico compuesto de sosa cáustica, metales pesados y trazas de materiales radiactivos, «no es calificado como residuo peligroso según los estándares de la Unión Europea», y ofrecieron por toda compensación 110.000 euros para los habitantes de las localidades de Kolontar y Devecser.
Sobre el terreno, medio millar de operarios trataban de contener el avance de la ola contaminante mientras un enviado del Gobierno anunciaba lo que los vecinos, en su mayoría agricultores despojados de sus casas y sus cultivos, ya sospechaban desde las primeras horas del desalojo: no habrá retorno. La Administración húngara levantará un pueblo nuevo para reubicar a la población y hará frente a la recuperación ambiental de los tres condados afectados, labor que en el mejor de los casos, siempre que se haga con criterios científicos, llevará años. Con todo, después de los mensajes tranquilizadores por el bajo impacto del vertido en el Danubio, la incertidumbre sobre la toxicidad del vertido y la disponibilidad de fondos económicos para asumir en condiciones la restauración de la zona no se ha disipado. A las críticas de las organizaciones ecologistas a la política informativa del Gobierno húngaro, que habría minimizado la gravedad de la contaminación, se suman ahora los llamamientos para modificar la normativa europea, adoptar protocolos de actuación y endurecer las condiciones y obligaciones de la industria. «Existen procedimientos nuevos para inertizar los residuos y que dejen de ser peligrosos, pero son muy costosos y no se aplican nunca. Las técnicas actuales son las mismas desde hace 50 años. Por eso la cuestión sería promover investigaciones que deberían financiar las empresas que obtienen beneficios con la actividad poniendo a veces en riesgo a las personas y su entorno», explicó esta semana un portavoz del CSIC.
La experiencia reciente no alimenta el optimismo. A día de hoy, tanto en el desastre de Aznalcóllar como en el del Prestige, las empresas siguen impunes.
