La Xunta abandona la batalla judicial contra el urbanismo de Barreiros

En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo año licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la población de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, también del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que cometía una ilegalidad, porque así se lo había transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayoría de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios tenía la condición de urbano no consolidado, según establece la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carecían de servicios básicos.

Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP siguió adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugnó en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendió las normas subsidiarias de este municipio de A Mariña lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la información de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, el fiscal jefe de Lugo decidió presentar una denuncia por la vía penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que avaló los planos. Todos están acusados de prevaricación urbanística en un caso que estudia un juzgado de Mondoñedo.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, están dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que había capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesoría Xurídica de la Xunta y solicitaron la suspensión de los recursos que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, había interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses después, la nueva Xunta firmó un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscalía y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urbanístico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 millones, la institución provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en ningún acuerdo escrito.

Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedió Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 días desde que el Gobierno gallego pidió suspender los recursos que heredó de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representación de la Consellería de Medio Ambiente. Y advierte de que "los autos permanecerán en esa situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia".

Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanición el proceso en los tribunales, con lo que en año y medio esas urbanizaciones estarán legalizadas. El plazo caducaría en marzo de 2012, pero mucho antes Hernández y Feijóo ya han planeado subsanar la problemática por la vía administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Consellería de Medio Ambiente a este periódico. "En Barreiros existen dos vías: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputación trabajamos en la primera de ellas", aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensión de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos "sería una contradicción con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones".