La Xunta podrá forzar los traslados de sus funcionarios a otra localidad

El Gobierno de Feijoo no solo está decidido a aplicar fórmulas para mejorar el rendimiento de sus funcionarios, en un momento de asfixia presupuestaria que obliga a congelar nuevas contrataciones, sino que pretende hacerlo con contundencia y sin perder el tiempo. Después de abundar el viernes pasado en la determinación de agilizar los traslados de personal para cubrir vacantes, Función Pública concretó ayer a los sindicatos que la reforma legislativa en marcha contemplará también la posibilidad de que empleados públicos puedan ser desplazados a otra localidad.

Aunque el departamento que dirige José María Barreiro alega que esa mudanza será negociada caso por caso y que «se pretende que sea con carácter general voluntaria», el borrador de la reforma que será incorporada a la Lei de Orzamentos del 2011 no garantiza esa libertad de elección en todos los casos. El texto determina que «cando por motivos excepcionais os plans de ordenación de recursos humanos impliquen o desempeño dun posto de traballo en distinta localidade, darase prioridade á voluntariedade dos traslados». De esa redacción se deduce que, si no hay acuerdo, la Xunta podrá forzar el desplazamiento.

Reforma exprés

Así lo entienden los sindicatos, que denuncian que el Gobierno de Feijoo renuncia a negociar y pretende imponer. Objetan que, aunque el documento con los 12 artículos de la reforma tiene fecha del pasado día 8, Función Pública esperó a ayer para entregárselo, con la previsión de que sea discutido en la mesa de negociación convocada para mañana y que pueda ser incorporado al anteproyecto de ley de Orzamentos que la Xunta presentará al Parlamento el día 20. Desde el CSIF, Juan Carlos Rivas reprocha que la reforma es un «intento de meter por la puerta de atrás» la movilidad forzosa. En la misma línea, Fran Núñez, de UGT, recrimina que el Ejecutivo trata de realizar una «caza de brujas», porque quedaría capacitada para mover a personal con criterios políticos.

Mientras, Función Pública resta dramatismo a un plan de reordenación con el que defiende la necesidad de «racionalizar los efectivos de la Administración para aumentar la productividad y eficacia, así como ahorrar costes, dotando de personal a las unidades con mayor carga de trabajo». Insiste en que esa dotación vía traslados de las vacantes que no podrán ocuparse con nuevos contratos será «con carácter general voluntaria».