¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para curar el cáncer?

Imagine que tuviese que pagar unos 200.000 euros al año por un nuevo fármaco contra el cáncer de próstata que padece. ¿Estaría dispuesto a ello si el medicamento prolongase su supervivencia cuatro meses? Tal vez como individuo pueda permitírselo pero, ¿y como sociedad? ¿Puede hacer frente a ese precio un sistema sanitario público?

Ése es el debate que estos días tiene en vilo a pacientes, organizaciones y laboratorios en EEUU. La terapia en cuestión es Provenge, una nueva vacuna contra el cáncer prostático avanzado que fue aprobada por la agencia estadounidense del medicamento el pasado mes de abril. Ahora, los seguros públicos de salud (Medicare y Medicaid) debaten si deben cubrir su elevado coste o quedará reservado únicamente a los pacientes que paguen el fármaco de su propio bolsillo.

Como recuerda estos días el diario 'The Washington Post', sólo la duda de que el fármaco quede fuera de la cobertura pública por una cuestión de precio ya ha desatado las alarmas sobre la inequidad del sistema, que la racionalización lleve a un aumento de la mortalidad o que esto sea sólo el principio de más recortes.

Provenge es un nuevo tipo de vacuna, que emplea células del propio paciente para exponerlas en el laboratorio a una proteína presente en las células malignas y, una vez que aprenden a reconocerla, vuelven a infundírselas para que el propio sistema inmune pueda acabar con el tumor. El tratamiento tiene un coste de unos 93.000 dólares (unos 70.000 euros) y ha demostrado que prolonga la supervivencia de los pacientes alrededor de cuatro meses.

"Eso significa unos 200.000 euros por un año adicional de vida, no creo que sea tan caro", explica Tito Fojo, del Instituto Nacional del Cáncer. "Mucha gente dirá, 'es mi dinero y mi año de vida'. Absolutamente cierto, un día puede valer un millón para algunas personas. El problema es que no nos lo podemos permitir como sociedad", afirma tajante.

La decisión de Medicare y Medicaid puede tener importantes implicaciones sociales, más aún si se tiene en cuenta que los tumores de próstata avanzados suelen diagnosticarse a pacientes mayores (beneficiarios de estos seguros públicos) y con más frecuencia en varones afroamericanos (lo que despierta las sospechas de desigualdad racial).

Sin debate en Europa

También han surgido ya voces que temen que este tipo de decisiones desanimen a la industria a seguir investigando nuevos fármacos contra el cáncer (cuyos precios han experimentado una vertiginosa subida al alza en las últimas décadas debido a sus mecanismos de acción más afinados).

De hecho, EEUU no es el único país donde se ha abierto el debate de hasta cuánto se debe pagar por los medicamentos. Reino Unido cuenta con un organismo dedicado específicamente a decidir qué tratamientos puede o no cubrir la sanidad pública (NICE, según sus siglas en inglés), y al que no le ha temblado la mano en los últimos años para prohibir los fármacos que considera excesivamente caros.

Más allá de sus fronteras, y exceptuando algunos debates abiertos en el seno de la Unión Europea, ningún otro país comunitario se ha atrevido por ahora a plantearse negar el acceso a los tratamientos demasiado caros o a negociar con la industria una rebaja en el precio. En España, la actual crisis económica podría hacer que este debate no tarde mucho en llegar al Consejo Interterritorial de Salud. Un oncólogo catalán confesaba hace poco a este periódico que por primera vez en su carrera se veía obligado a tener en cuenta el coste de los medicamentos a la hora de decidir el tratamiento para sus pacientes.