El PP se queda solo en el intento de legalizar miles de obras en la costa

El grupo del PP se quedó ayer solo en el Parlamento en su intento de promover una reforma de la Ley de Costas que permita abrir la mano con miles de construcciones ilegales que salpican la franja litoral gallega, a las que únicamente se les reclamaría el «amparo de actos administrativos públicos», como una licencia municipal, un registro notarial, el pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o de la tasa de saneamiento, para que puedan regular su situación.Tanto el PSdeG como el Bloque rechazaron frontalmente la propuesta por entender que lo que intenta en realidad es «demoler» la principal normativa del Estado para proteger el litoral e implantar en Galicia el modelo del «Benidorm dos anos sesenta».

La iniciativa del PP llegó a la casona de O Hórreo hace dos meses como una proposición de ley que se pretende remitir al Congreso de los Diputados, con el fin de debatir en Madrid una reforma de la Ley de Costas de 1988 que facilite resolver algunas «especificidades» urbanísticas gallegas. El BNG apoyó entonces al PP para tomar en consideración este texto, pensando en resolver la situación de núcleos tradicionales afectados por Costas, como Aguete y Mogor, en el municipio de Marín, cuya legalización respalda también el PSdeG. No obstante, los nacionalistas hicieron ayer piña con los socialistas para rechazar el dictamen que será elevado ahora a pleno.

Actos administrativos

Uno de los aspectos más controvertidos de recoge el texto que promueve la mayoría que sustenta al Gobierno de Feijoo está contenido en su artículo 1. Si la Ley de Costas planteaba reconocer las propiedades o derechos de ocupación situados en la zona de deslinde marítimo-terrestre cuando hubieran sido reconocidos por sentencia firme antes de 1988, la reforma del PP gallego plantea reconocer también los bienes que estuvieran registrados como tales o que contaran con el «amparo de actos administrativos públicos» antes o después de la entrada en vigor de la Ley de Costas.

Otro artículo que se añadiría a la normativa estatal establece que si la Administración del Estado decidiera ejercer «la facultad de recuperación posesoria» a través de la expropiación, estaría obligada a indemnizar a los afectados con las «cargas hipotecarias y financieras». En caso de que los propietarios no optasen por esta fórmula, el Estado debería otorgarles un bien «de las mismas características que el anterior y en el mismo municipio» o darles una compensación por el valor del inmueble a precios de mercado.

Aprovechamiento urbanístico

Otro de los aspectos que propugna la iniciativa del PP es que en los terrenos clasificados como urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas se puedan autorizar «novos usos e construcións» conformes a los planes de ordenación en vigor.

Los cambios normativos recogidos en el texto del PP permitirían en la práctica regular miles de las construcciones ilegales de uso residencial o industrial que salpican la costa gallega.

Solo en el concello de Cangas, la Xunta está tramitando en estos momentos 230 expedientes de infracción urbanística. En muchos casos, y con la reforma de Costas en la mano, bastaría con que dichas construcciones contaran con un acto administrativo público para regular su situación.