Ultimado el proyecto para evitar el derribo de los apartoteles de Samil

El centenar de propietarios de los apartatoles de Samil con orden de derribo y el promotor de los cinco inmuebles, que sigue siendo titular de otros ochenta, tienen ya elaborado un proyecto jurídico para salvarlos de la piqueta. El letrado de Santiago que defiende a los particulares y la delegación viguesa de un conocido bufete estatal que representa los intereses del promotor han concluido una propuesta para reconvertir lo que hoy son viviendas de hecho en apartamentos turísticos conforme a la normativa del sector.

Las fuentes consultadas han confirmado este avance y dan por seguro que en la semana posterior al puente festivo será entregado en la Gerencia de Urbanismo. El objetivo es conseguir que este organismo municipal siga adelante con la solicitud de licencia presentada hace bastantes meses, algo que el gobierno local ha considerado inviable hasta ahora. Los afectados dan por supuesto que si el trámite avanza y consiguen finalmente la licencia de actividad la sombra de la demolición se alejará definitivamente.

De acuerdo con la normativa vigente consideran los afectados que no existe problema alguno para la explotación de sus viviendas como apartamento siempre que exista una unidad empresarial única encargada de este cometido. Tampoco consideran que exista obstáculo para que una parte de los apartamentos existentes sirvan de residencia de sus propietarios aunque con limitaciones.

Obstáculo legal

En este conflicto jurídico se da la circunstancia de que los cinco inmuebles construidos en la avenida de Samil se ajustan en cuento a sus características físicas y volumen edificatorio a lo establecido en el vigente Plan Xeral, por lo que podrían ser legalizados de inmediato. El problema radica en que el planeamiento urbanístico, el actual y el que regía en 1994, cuando el Concello concedió la licencia de obra, determinaba que la única actividad posible era la turística como apartamentos, nunca la residencial.

Pese a ello se construyeron viviendas, lo que impidió al Concello conceder la licencia de ocupación. Posteriormente una denuncia de dos particulares dio inició al litigio judicial que concluyó hace una década con la anulación del Plan Xeral en la zona y por tanto dejando fuera de la legalidad los edificios allí construidos.

Una vez que el Tribunal Superior ordenó al Concello la demolición empezaron las negociaciones para buscar una salida. Los afectados insisten en que carece de sentido derribar unos inmuebles que podrían volver a ser construidos de inmediato con la misma configuración. Por parte de Urbanismo no se discute este hecho, pero aseguran tener las manos atadas. En otras palabras, que si el tribunal no paraliza la demolición viendo que se están reconvirtiendo realmente en un apartotel el derribo será inevitable.