Las casas sin rematar proliferan ante la indolencia administrativa y la crisis

Las Administraciones han tirado la toalla ante la que posiblemente es la huella más visible del caótico paisaje urbanístico gallego. Ni la Xunta, como responsable última de hacer cumplir la legislación, ni los concellos, a los que compete ordenar la ejecución de las obras necesarias, están por la labor de mover ficha ante los propietarios de los miles de viviendas con ladrillo visto y sin recebar que pueblan el país. Asumida su incapacidad para aplicar las medidas coercitivas previstas en una Lei do Solo que estableció tres años de plazo para adecentar esas fachadas, las administraciones mantienen su confianza en concienciar a los dueños a golpe de subvención.

Pero la experiencia en ese terreno no alienta precisamente las expectativas. En cuatro años, la línea de ayudas que ahora reformará el Gobierno de Feijoo apenas favoreció el enfoscado de 200 viviendas. El anecdótico alcance de ese programa puso de relieve, otra vez, la alarmante ausencia de gestión urbanística que sirvió de contexto a la multiplicación de las aberraciones que minan el territorio gallego. El bipartito diagnosticó el fracaso de su programa en la imposibilidad de los dueños de las viviendas sin rematar de cumplir con la necesaria presentación de la licencia de obra. Las casas de ladrillo a la vista son una parte de las decenas de miles que están fuera de la ley en Galicia.

Como en otros aspectos, la Lei do Solo 9/2002 quiso ser ejemplar para acabar con la anarquía constructiva. Además de apremiar las directrices del territorio, el plan del litoral y la adaptación de los planeamientos municipales, también estableció medidas para conminar a los propietarios de viviendas sin finalizar a realizar las obras necesarias. Pero, también en este campo, los sucesivos Gobiernos autónomos y locales se han encargado de demostrar con su incapacidad o desinterés que el marco legal peca de exceso de ambición en un país que, tradicionalmente, nunca tuvo al urbanismo entre sus prioridades.

El bipartito quiso responder con una actitud ejemplar. En marzo del 2006, Urbanismo remitió una circular para instar a los 315 concellos a ejercer sus competencias y ordenar la conclusión de las fachadas inacabadas. La instrucción recordaba los artículos 199 y 203 de la ley, que, ante una negativa de los dueños, obligan a la administración municipal a proceder a la ejecución forzosa con la imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros. Los alcaldes no solo hicieron caso omiso de una medida impopular a un año de las municipales del 2007, sino que reprocharon a la Xunta ser excesivamente drástica en sus exigencias urbanísticas. El Ejecutivo consideró más oportuno implementar las subvenciones que apretar las tuercas a concellos y propietarios.

Casi un lustro después, el debate sigue en el mismo punto. El presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, relaciona las casas sin finalizar con familias sin medios económicos. «Moitos marcharon a Suiza e cando viñan no verán facían un pouco da casa, pero no camiño quedaron moitos que non poideron rematala», señala.

Fernández, que también apunta el impacto de la crisis, justifica que «por unha cuestión de conciencia» los concellos no cumplen la ley. «A unha familia que non rematou a vivenda non lle podes meter o peso da lei, porque suporía unha sanción importante. Dende o punto de vista da lei, é fácil, pero si sabes cal é a familia e que non ten medios é máis difícil», argumenta.