La inspección urbanística volverá a priorizar en el 2011 la vigilancia de la costa y de los entornos de las ciudades

Son los ámbitos que concentran mayor presión urbanística y, por ello, los que dan lugar a más infracciones. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) volverá a poner la lupa en el 2011 sobre los municipios costeros y del área de influencia de las siete grandes ciudades, pero también, aunque por motivos diferentes, en los concellos con planeamientos suspendidos por la Xunta o anulados por sentencia judicial, aquellos que registraron un aumento notable de la actividad inmobiliaria y los que cuentan con espacios naturales integrados en la Red Natura.

De acuerdo con el plan de inspección publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia, la actuación de la APLU tendrá un plano preventivo, para la detección de obras en curso que carecen de licencia municipal o autonómica, y otro de restauración de la legalidad, con el desarrollo de las investigaciones necesarias para determinar los hechos que constituyen la infracción e identificar a sus responsables.

Derribos frente a críticas

El Gobierno de Feijoo quiere extremar el control de la legalidad y ser exhaustivo con las demoliciones para responder a las críticas sobre una rebaja de la disciplina urbanística que rodearon, en marzo pasado, la reordenación de la APLU tras el relevo del que había sido su director desde la constitución de ese ente público, Hipólito Pérez Novo. La incorporación a ese puesto de María Martínez Allegue coincidió, además, con el acuerdo que permitió dar cobertura legal a 54 promociones en Barreiros.

Frente a los recelos que suscitó ese vuelco en la gestión, la Xunta busca un carácter ejemplarizante en las 30 demoliciones ejecutadas en los diez primeros meses del año. La mayoría de los derribos afectan a municipios de la costa y tuvieron su origen en infracciones graves o muy graves por incumplimientos de la Lei do Solo o por carecer de la preceptiva licencia municipal o autonómica. En ese mismo período, la APLU ha impuesto sanciones por importe de 4,1 millones de euros, frente a los 6,9 millones que sumaron las del 2009. El ente ha resuelto 160 expedientes de reposición de la legalidad, más del doble que el año pasado (72).

La Xunta cifra en 561.000 euros la asignación presupuestaria para la ejecución de demoliciones, aunque en el proyecto de Presupostos figuraban solo 286.200. En el 83% de los 30 derribos realizados, los propietarios corrieron con los gastos.