En la época dorada del ladrillo, el pequeño municipio de Barreiros aspiraba a convertirse en la capital del veraneo de A Mariña lucense. El ayuntamiento concedió, en un solo año, licencias para levantar casi 6.000 viviendas en una localidad que apenas supera los 3.200 habitantes. Sobre muchas de ellas pesaba la sombra de la ilegalidad. Una de las primeras en advertirlo fue la secretaria municipal, Antonia Martínez. Testigo clave en la acusación de prevaricación que la fiscalía tiene abierta contra el alcalde popular, Alfonso Fuente, ha sido ahora acusada por un promotor inmobiliario. En su declaración ante la fiscal, Xabier Díaz aseguró haber recibido documentos y grabaciones que supuestamente la implican en una trama de corrupción urbanística.
A principios del año 2006, la junta de gobierno local de Barreiros en la que estaban el alcalde Alfonso Fuente y otros dos concejales del PP aprobaron las polémicas urbanizaciones. La mayoría se concentraban en las zonas de playa, en las parroquias de San Pedro, San Cosme y San Miguel de Reinante. La secretaria Antonia Martínez informó desfavorablemente sobre 44 de las licencias concedidas para construir 3.000 viviendas. Las fincas en las que iban a edificarse no podían considerarse solares. No había ni alcantarillado, ni redes de abastecimiento de agua, ni electricidad suficientes para todos los pisos proyectados.
Tras diversas advertencias al alcalde, el Bipartito tomó cartas en el asunto. La Consellería de Política Territorial impugnó en los tribunales las 44 licencias y paralizó la edificación en el municipio, al suspenderle las normas subsidiarias. La fiscalía de Lugo fue un paso más allá y denunció penalmente al alcalde y a los concejales. El ministerio fiscal entiende que cometieron prevaricación al conceder las licencias a sabiendas de que eran ilegales. El caso está en los juzgados de Mondoñedo, donde este verano acudieron a declarar los implicados.
Aunque la vía penal sigue abierta, la administrativa ha comenzado ya a dar las primeras sentencias. En octubre el Juzgado de lo Contencioso de Lugo consideraba ilegal una de las 44 licencias para levantar cuatro edificios en la zona de Pumarín. Ese mismo mes, el caso Barreiros daba un giro de 180 grados con la supuesta implicación de la secretaria municipal. Xabier Díaz, vocal de la asociación de promotores Aprobar de la localidad de Barreiros, acudía al destacamento de la fiscalía en Mondoñedo cargado de supuestas pruebas contra Antonia Martínez. Díaz explicó a la fiscal que en una reunión de Aprobar celebrada poco antes había manifestado su voluntad de denunciar penalmente a la secretaria del ayuntamiento y a los técnicos de la Xunta que habían informado sobre el proyecto Promoelja de 71 viviendas. Según la declaración a la que ha tenido acceso EL CORREO, el promotor consideraba que los informes le habían perjudicado de forma "consciente, deliberada y a su parecer ilegal". Díaz aseguró también que había animado al resto de sus compañeros a denunciarla. Días después recibió la documentación que entregó a la fiscalía. El vocal de la asociación de promotores explicó que no sabía quién podía habérsela mandado, pero ante su "naturaleza" decidió llevarla a la justicia para que la investigara.
El primer documento entregado es una carta a ordenador o máquina y sin firma en la que se habla de sobornos y conductas irregulares, que Díaz entiende se refieren a la secretaria. También proporcionó fotocopias del libro de registro del ayuntamiento que supuestamente están manipuladas y un CD en el que, según el promotor, se escuchan conversaciones de la secretaria y otras personas en las que habla de cambios en el libro de registro o de recibir dinero a través de sobornos. Las grabaciones supuestamente se produjeron en el despacho de Antonia Martínez en el año 2006. La fiscalía de Lugo ha abierto diligencias previas para analizar la documentación recibida, pero todavía no ha decidido si implica en el caso a la secretaria municipal, con la que hasta ahora ha contado como testigo en el proceso por prevaricación contra el alcalde de la localidad lucense.
Dos días después de que la prensa publicase la sentencia en la que se consideraba ilegal una de las licencias, el promotor de Barreiros llevó al registro de la Xunta una copia de la documentación entregada también a la fiscalía. "Les traslado esto porque creo que la manipulación de esta persona [la secretaria] es absoluta", escribe Xabier Díaz, quien añade que "dada la sobrecarga de trabajo de la administración judicial" teme que el proceso se demore y pueda desaparecer el libro de registro del ayuntamiento, que "es la mejor prueba del fraude del 'trabajo' que realiza esta funcionaria". La Xunta se ha limitado a dar traslado del asunto a la fiscalía.
Ha sido el propio alcalde de Barreiros el que ha decidido mover ficha. Alfonso Parga anunciaba la semana pasada que abría una investigación interna contra la secretaria municipal. En un comunicado, el regidor argumentaba su decisión. "Debemos presumir la inocencia de esta persona, pero no podemos dejar de velar por los intereses de todos los vecinos del ayuntamiento. Hay que abrir una investigación y analizar todos estos hechos", indicaba. Pero la jugada no ha gustado a la oposición en el ayuntamiento. Antonio Veiga, edil del BNG en el municipio, considera que "no es casualidad" que la denuncia contra la secretaria haya aparecido simultáneamente a la sentencia contraria al alcalde. "Entendemos que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de lo que está pasando en Barreiros", subraya el concejal. En un comunicado de prensa el Bloque considera "curioso que se le abra una investigación a una funcionaria municipal por las acusaciones hechas por un promotor y no se depuren responsabilidades políticas y administrativas tras la concesión de 44 licencias en 2006 con informes jurídicos en contra". Los nacionalistas resaltan un dato que no debe "escapársele" a quien quiera analizar lo que está sucediendo en Barreiros. La secretaria municipal "es un testigo clave en la instrucción de la denuncia de la fiscalía contra el alcalde".
La Xunta opta por legalizar las viviendas
La llegada del Ejecutivo popular de Alberto Núñez Feijóo supuso un cambio de actitud de la Xunta hacia el caos urbanístico del municipio de Barreiros. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas decidió abandonar la vía judicial que había comenzado el Bipartito e intentar legalizar las viviendas. Para ello, el departamento que dirige Agustín Hernández ha firmado un convenio a tres bandas, Xunta, Diputación de Lugo y Ayuntamiento de Barreiros, por el que se invertirán 14 millones de euros para dotar de servicios - como alcantarillado o abastecimiento de aguas- a los polémicos edificios. El convenio se concreta en un plan sectorial que hasta el 10 de febrero está sometido a información pública. La Xunta aportará 5,6 millones de euros; la diputación 1,2 y los 7,2 millones restantes le corresponderán a ayuntamiento de Barreiros. La parte municipal tendrá que ser financiada por los promotores que llevaron a cabo actuaciones en las zonas que carecían de servicios.
"No se trata de estar al servicio de los promotores, sino de solucionar un pro-
blema que hemos encontrado", subrayan fuentes del departamento de Medio Ambiente. Sin embargo, grupos ecologistas como Adega consideran "abe-rrante" que se pretenda reparar la ilegalidad a cuenta del dinero público. El colectivo ambientalista ha denunciado que no
pueden quedar impunes las "falcatruadas urbanísticas" cometidas en el ayuntamiento de Barreiros y ha anunciado que tomará acciones legales contra el convenio para repararlas.
