La Xunta triplica las inspecciones a obras levantadas sin licencia autonómica

Desde el concello coruñés de Cariño al ourensano de O Barco de Valdeorras. Los inspectores de la Xunta vigilan con lupa las obras que se levantan cada día en los municipios gallegos con el objetivo de poner fin a la impunidad que durante décadas amparó a los infractores, ya fueran particulares, constructores o incluso alcaldes.
Solo en 2010, el equipo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, levantó un total de 1.452 actas de inspección, lo que supone una media de 30 a la semana. Esta cifra triplica el número de expedientes abiertos el año anterior (517) y multiplica casi en un 450% el volumen de actas contabilizadas en 2008, fecha en la que el bipartito puso en marcha la APLU.
Aunque la mayoría de los expedientes abiertos acaban siendo archivados sin hallar indicios de ilegalidad, los inspectores de la Xunta dictaron un total 224 órdenes de paralización de obras que carecían de licencia autonómica (108 en 2009 y 132 en 2010). O lo que es lo mismo: diez edificaciones en suelo rústico paralizadas cada semana por orden del Ejecutivo gallego.
Y es que la ley de ordenación urbanística aprobada en 2002 exige que cualquier obra reciba el visto bueno por parte de la Administración autonómica, una medida que el Ejecutivo autonómico justificó en su momento para introducir más garantías en el urbanismo gallego y homogeneizar los criterios en todos los municipios. En la práctica, la ley ha resultado ser demasiado restrictiva por lo que el Ejecutivo de Feijóo impulsó el pasado verano una reforma de la normativa. La nueva Lei do Solo amplía las competencias urbanísticas a los ayuntamientos dándoles más margen de maniobra a la hora de decidir qué se puede o no hacer dentro de su término municipal.

Reparto

Por provincias, son las de A Coruña y Pontevedra las que concentran más de la mitad de los expedientes con orden de suspensión de obras en suelo rústico: 81 en Pontevedra (36,1% del total) y 70 en A Coruña (31,2%). En Ourense, el número de órdenes de paralización asciende a 38 mientras que en Lugo es de 35.
La lucha contra el feísmo y el desorden territorial en Galicia también tiene consecuencias económicas. En casi tres años, la APLU, entidad a la que un total de 49 ayuntamientos gallegos han cedido competencias urbanísticas en materia sancionadora –14 de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 19 de Ourense y 8 de Pontevedra–, ha impuesto un total de 82 sanciones por un importe de casi 10,6 millones de euros. Dichos ingresos por irregularidades urbanísticas detectadas en tan solo el 14% de los municipios de la comunidad adheridos a la APLU que suponen una media de 300.000 euros al mes. Esta cantidad se la reparten al 50% entre la Xunta y los ayuntamientos integrados en la agencia urbanística, ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del complejo y farragoso papeleo que supone la tramitación de las sanciones y que a la mayoría de los municipios gallegos les resulta imposible abordar por la falta de personal técnico.
Las multas van desde los 300 euros por obras sin licencia, pero construidas conforme al ordenamiento urbanístico, hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo para las infracciones muy graves o reiteradas. Las más habituales afectan a edificaciones que se construyen sin contar con los correspondientes permisos, las obras en suelo rústico o infracciones en la cota.
Más de la mitad de los 10,6 millones en sanciones urbanísticas proceden de infracciones de 2009, año en el que la APLU quintuplicó sus ingresos –casi 6,9 millones frente al 1,4 del primer año de funcionamiento de la agencia–. El año pasado, la Xunta abrió un total de 25 expedientes sancionadores por un importe de 2,2 millones.
Desde que la creación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en abril de 2008, se presentaron más de 200 recursos en los tribunales, incluidos los que pretenden anular las licencias y acabar con el desaforado crecimiento en los municipios costeros. El grado de efectividad de sus acciones judiciales no deja lugar a dudas: los pleitos planteados por la agencia urbanística se resolvieron con el 99% a favor de las órdenes de demolición y de las sanciones impuestas a favor de la Xunta.