Las sanciones por infracciones urbanísticas se reducen un 67% en el plazo de un año

El giro de timón de la Xunta del PP respecto a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) se concretó en marzo del año pasado en el descabezamiento de la dirección del ente, la reducción del personal y la subordinación de su actuación a la Consellería de Territorio. Un año después, el cambio ha tenido su reflejo en las estadísticas de la agencia relativas a 2010, publicadas por la Xunta. Si bien el número de demoliciones de obra ilegales es casi idéntico a las del año anterior -38 en 2010 y una menos en 2009-, las sanciones económicas se han reducido a menos de la tercera parte -de 6,89 millones de euros a 2,26- y los procedimientos de sanción iniciados han descendido casi a la mitad, de 46 a 24.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió en varias ocasiones el año pasado que pese a los cambios impuestos en la estructura de la APLU su compromiso con la labor de la agencia estaba más allá de toda duda. Para ello recordaba que los presupuestos de la Xunta consignaron 600.000 euros para demoliciones de obras ilegales en 2010. En 2011 el gasto presupuestado ha caído hasta los 260.000. Un portavoz de la consellería justifica este descenso en el incremento en el número de demoliciones voluntarias, que cifra en un 10% sobre el de 2009. También aduce que la agencia dispone de un fondo propio, financiado con el importe de las multas coercitivas impuestas a los que rehúsan derribar las construcciones ilegales, que puede complementar la partida presupuestaria, llegado el caso. "La cuestión es garantizar que no haya órdenes de demolición que no se ejecuten", señala.

La información suministrada por la Xunta en 2010 es más reducida en algunos campos que la del año previo. Así, no figuran este año datos sobre el número de visitas de los técnicos de la agencia a municipios ni de las actas de infracción que suscitaron. Tampoco se da la cifra de expedientes informativos cerrados, de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística que venían acumulados de años anteriores ni de los que siguen en trámite al término de 2010, al contrario de lo que se hacía hasta ahora. Sucede lo mismo con las obras cuya demolición está en trámite de ejecución forzosa, que desaparecen de los cuadros. El número de casos heredados de 2009 y en proceso de tramitación para las sanciones por infracciones urbanísticas tampoco aparecen especificados.

Mucho menos acusada es la diferencia entre los expedientes informativos abiertos. En 2010 fueron 1.452, 100 menos que el año previo. Las órdenes de paralización de obra aumentan, por el contrario, y se sitúan en 132 respecto a las 92 de 2009. Los municipios de A Coruña y Pontevedra acumulan por separado más del doble que los de Lugo y Ourense juntos.

En cuanto a los expedientes de reposición de la legalidad urbanística, en 2010 se iniciaron algunos menos que en 2009 -226 frente a 237- pero se finalizaron más -182 por 129-. Sí hay un incremento importante en el número de multas coercitivas impuestas a quienes no llevan a cabo los derribos a los que están obligados. Pasaron de 194 a 299, y su importe se incrementó desde 1,29 millones de euros a 1,42.